- Denunciaron restricciones a las visitas, presuntos abusos y deficiencias al interior del penal.
- El secretario de Seguridad Ciudadana reconoció que existen quejas contra el funcionario, aunque hasta ahora no se le ha detectado una irregularidad que amerite sanción.
Daniel Angulo | Familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) y activistas exigieron la salida de Iván Sánchez de la Torre, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, al acusarlo de presuntas irregularidades y de imponer restricciones a las visitas que, aseguraron, han afectado principalmente a personas adultas mayores.
La inconformidad se hizo pública este miércoles durante una movilización convocada por integrantes de la Resistencia Civil Pacífica (RCP) Tlaxcala y familiares, quienes marcharon desde el asta bandera por la avenida Independencia hasta Palacio de Gobierno, donde solicitaron ser recibidos por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros o por el secretario de Gobierno para plantear sus quejas.
Durante la protesta, los manifestantes acusaron que las restricciones de acceso al Cereso se han aplicado bajo el argumento de medidas sanitarias por un supuesto brote de sarampión.
Señalaron que personas adultas mayores han acudido al penal con alimentos para sus familiares y posteriormente se les ha impedido ingresar.
Uno de los inconformes sostuvo que el director habría establecido un área denominada “burbuja” para permitir encuentros breves con personas de la tercera edad y cuestionó que las medidas sanitarias se mantengan durante meses.
Los manifestantes también denunciaron presuntos abusos de autoridad, maltrato por parte de personal de custodia, restricciones en los días de visita y problemas relacionados con alimentación y suministro de agua, además de acusar que las reglas de ingreso se han aplicado de manera discrecional.
A estas protestas se suma una denuncia ciudadana anónima recibida por medios de comunicación, en la que se señala que desde hace más de seis meses se habría restringido el acceso a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad.
El señalamiento refiere que en las instalaciones permanece un aviso colocado desde el 27 de abril, relacionado con medidas de prevención ante el sarampión.
La denuncia también sostiene que las PPL anteriormente tenían dos días de visita y que posteriormente se redujo a uno, además de señalar presuntas deficiencias en alimentación, agua potable y condiciones de sobrepoblación.
SSC reconoce que existen quejas contra el director.
Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, reconoció que ha recibido quejas relacionadas con el director del Cereso, aunque afirmó que hasta el momento no se ha detectado una conducta que amerite una sanción.
Explicó que parte de las inconformidades estarían relacionadas con el endurecimiento de las reglas de ingreso al penal, debido a que la actual administración habría eliminado prácticas que anteriormente permitían el acceso de objetos, alimentos o personas bajo condiciones que, según dijo, no estaban permitidas por la normativa.
Perea Marrufo señaló que no existe actualmente un brote de sarampión dentro del Cereso, pero defendió la aplicación de medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, ante el riesgo de introducir enfermedades respiratorias a un espacio donde se concentra una población penitenciaria.
También explicó que se han restringido las cantidades de alimentos que los familiares pueden introducir debido a que el penal carece de condiciones adecuadas para conservarlos, lo que podría generar problemas gastrointestinales entre las PPL.
El funcionario agregó que las revisiones se han intensificado luego de que se han localizado objetos prohibidos, entre ellos teléfonos celulares y presuntas dosis de drogas, por lo que consideró que parte de la molestia de familiares y abogados deriva de la aplicación más estricta de las reglas.
Sin embargo, abrió la posibilidad de revisar cualquier señalamiento contra el personal penitenciario y pidió a los familiares denunciar directamente cualquier intento de cobro para permitir una visita.
“Si hay algún tema de que alguno de los elementos de custodia empiece a cobrar dinero por permitir un tema de una visita, una visita conyugal, eso está prohibido y eso sí lo voy a sancionar”, sentenció.
Sobre las acusaciones específicamente contra Sánchez de la Torre, el secretario reconoció que ya existen algunas quejas y que se encuentran en revisión. Señaló que también se han cuestionado comentarios y el trato del funcionario hacia familiares, por lo que buscarán determinar si existe alguna conducta que deba ser sancionada.
Perea Marrufo pidió a quienes consideren que se están vulnerando sus derechos que presenten sus casos ante la Unidad de Asuntos Internos, al señalar que la autoridad debe encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de las normas penitenciarias y el respeto a los familiares de las PPL.