- El diputado Emilio de la Peña Aponte reconoció que el ajuste presupuestal podría impactar los recursos de gestión social y servicios; ante ello, dijo que deberán fortalecer las gestiones con la ciudadanía.
Daniel Angulo | Los apoyos y gestiones que las y los diputados realizan en beneficio de la ciudadanía podrían verse afectados ante el recorte de alrededor de 230 millones de pesos que enfrentará el Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció el presidente de la Mesa Directiva, Emilio de la Peña Aponte.
El legislador morenista explicó que la reducción deriva de la reforma constitucional que establece un tope de 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal para el Poder Legislativo, medida que será aplicable a partir del 29 de agosto de 2027, con la entrada en funciones de la próxima legislatura.
De la Peña Aponte señaló que corresponderá al Comité de Administración determinar en qué áreas se realizarán los ajustes, aunque adelantó que podrían involucrar los capítulos 4000 y 3000 del gasto público.
El capítulo 4000 contempla, entre otros conceptos, recursos relacionados con ayudas y gestión social, es decir, los apoyos en efectivo o en especie que entregan los congresistas a peticiones ciudadanas; mientras que el capítulo 3000 corresponde a servicios generales.
Por ello, reconoció que una reducción en estos rubros podría traducirse en una menor capacidad para atender directamente las solicitudes de ciudadanos que acuden al Congreso en busca de algún apoyo.
“Muy seguramente, porque es un recorte de más de 200 millones de pesos”, respondió al ser cuestionado sobre si los recursos destinados a los ciudadanos podrían verse afectados.
El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que el Congreso tendrá que eficientar el gasto y priorizar la productividad legislativa, al tiempo que los diputados deberán buscar alternativas mediante gestiones ante dependencias estatales y federales para atender las necesidades de la población.
De la Peña Aponte aseguró que, pese al escenario presupuestal, los ciudadanos que acudan al Congreso seguirán siendo atendidos y los diputados buscarán mantener las gestiones mediante coordinación institucional.
La reforma constitucional fue aprobada el pasado 27 de julio y posteriormente avalada por 36 de los 60 ayuntamientos, con lo que alcanzó la mayoría necesaria para continuar con su proceso de publicación.
El nuevo límite presupuestal busca homologar la legislación local con las disposiciones federales y generar ahorros que sean destinados a la atención de necesidades de la ciudadanía.
El propio legislador reconoció que el impacto directo del nuevo tope correspondería a la próxima legislatura, aunque dejó abierta la posibilidad de que el Comité de Administración analice ajustes presupuestales previos para evitar afectaciones posteriores.