- La propuesta busca que los ayuntamientos tengan programas, personal capacitado y protocolos para actuar desde la detección de señales de alerta hasta el seguimiento de una persona en crisis.
Daniel Angulo | En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la diputada Gabriela Hernández Islas presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para que los municipios de Tlaxcala cuenten con programas y una ruta específica para prevenir y atender conductas suicidas, con personal capacitado y mecanismos de coordinación con servicios de salud y emergencia.
Antes de explicar su propuesta, la legisladora compartió que ella misma atravesó un momento de profunda crisis que llegó a afectar su salud emocional.
Con sensibilidad, dirigió un mensaje a quienes actualmente enfrentan una situación similar, al pedirles que permanezcan y busquen acompañamiento y ayuda.
La legisladora argumentó que el suicidio es un problema de salud pública complejo y multicausal, por lo que su prevención requiere actuar antes de que una persona llegue a una situación de emergencia.
Recordó además que Tlaxcala cuenta desde julio de 2026 con un Comité Estatal para la Prevención del Suicidio, pero sostuvo que es necesario llevar las acciones al ámbito municipal para que la atención pueda darse directamente en el territorio.
La iniciativa busca que la atención no dependa únicamente de que una persona llegue a un hospital después de una crisis, sino que desde los municipios existan herramientas para detectar señales de alerta, brindar una primera respuesta, canalizar a servicios especializados y dar seguimiento posterior.
Para ello, Hernández Islas propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo del Estado de Tlaxcala, a fin de establecer obligaciones específicas para los ayuntamientos.
Uno de los principales cambios sería la creación de una Ruta Municipal de Atención de las Conductas Suicidas, que establecería qué hacer ante una situación de riesgo.
La ruta contemplaría la identificación de señales de alerta, una valoración inicial del nivel de urgencia, contención y primeros auxilios psicológicos de acuerdo con la capacitación de la persona que intervenga, activación de servicios médicos y de emergencia, canalización y traslado seguro cuando sea necesario, contacto con familiares o redes de apoyo, referencia a servicios especializados y seguimiento después de un intento.
También incluiría acciones de posvención, es decir, medidas de acompañamiento y atención dirigidas a personas afectadas por un suicidio o un intento de suicidio.
La propuesta plantea además que los consejos municipales de salud mental elaboren, aprueben, implementen y evalúen un Programa Municipal para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas.
El programa tendría que partir de un diagnóstico de cada municipio y establecer objetivos, acciones, autoridades responsables, mecanismos de coordinación, indicadores, metas y previsiones presupuestarias.
Entre las acciones previstas se encuentran la promoción de la salud mental, estrategias dirigidas a diferentes grupos de población, capacitación de servidores públicos, prevención en espacios públicos identificados como sitios de riesgo y coordinación con instituciones de salud, educación, seguridad pública, protección civil y procuración de justicia.
La enmienda también contempla capacitar a servidores públicos que pueden convertirse en el primer contacto con una persona en crisis, entre ellos elementos de seguridad pública y protección civil, personal de atención prehospitalaria, DIF municipal, áreas de salud, institutos de la mujer y juventud, atención ciudadana y presidencias de comunidad.
Otro de los componentes de la iniciativa establece criterios para las campañas municipales de prevención.
Estas deberán promover la búsqueda de ayuda profesional y evitar el sensacionalismo, la romantización o glorificación del suicidio, así como la descripción explícita de métodos o lugares.
De aprobarse la reforma, la Secretaría de Salud tendría hasta 180 días naturales para emitir el protocolo estatal, lineamientos técnicos, el modelo de ruta municipal, contenidos mínimos de capacitación e indicadores; posteriormente, los ayuntamientos tendrían que aprobar o adecuar sus respectivos programas y rutas.