- Ante el arranque del proceso electoral federal 2026-2027, la administración estatal llamó a sus servidores públicos a respetar las disposiciones electorales y evitar cualquier acto que pueda interpretarse como intervención política.
Mariana LOVERA | El Gobierno de Tlaxcala llamó a sus funcionarios a conducirse con estricto apego a la legislación electoral, luego del inicio formal del proceso rumbo a las elecciones de 2027.
El coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, señaló que la administración no pretende emitir llamados dirigidos a partidos políticos o aspirantes, pero sí establecerá como prioridad que los servidores públicos conozcan y respeten las reglas vigentes.
Explicó que aquellos funcionarios que mantengan simpatías partidistas deberán actuar con cautela y evitar su participación en eventos políticos, incluso durante los fines de semana, además de abstenerse de realizar pronunciamientos que puedan considerarse promoción o intervención en el proceso electoral.
Martínez Velázquez también recordó que las disposiciones electorales contemplan restricciones relacionadas con la propaganda personalizada, el uso de recursos públicos y la difusión de programas sociales cuando estos sean asociados con nombres, imágenes o rostros de servidores públicos.
Advirtió que, una vez iniciado formalmente el proceso electoral, algunas acciones que anteriormente podían ubicarse dentro de actividades partidistas internas podrían adquirir una connotación distinta y, eventualmente, representar una infracción o incluso un posible delito electoral.
En este sentido, indicó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instruyó a los integrantes de su administración a familiarizarse con las disposiciones establecidas por las autoridades electorales, con el propósito de prevenir violaciones a la normativa.
“La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento”, enfatizó el funcionario.
Finalmente, sostuvo que el Gobierno estatal mantiene el compromiso de actuar con imparcialidad y evitar cualquier intromisión en el proceso electoral, a fin de garantizar que la contienda se desarrolle con respeto a las instituciones, la democracia y la decisión de la ciudadanía.