- Antonio Martínez Velázquez afirmó que las observaciones de la ASF de 2021, 2022 y 2023 fueron solventadas y que únicamente permanece pendiente un monto de 250 mil pesos.
Daniel Angulo | El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, rechazó que la administración estatal haya generado un desfalco por más de 879 millones de pesos, como sostiene una publicación de La Opinión de México, y afirmó que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023 fueron atendidas.
El funcionario cuestionó que la publicación presentada como información sobre presuntas irregularidades financieras convierta los montos observados por la ASF en un supuesto daño al erario, cuando -explicó- una observación forma parte de un proceso de fiscalización que debe ser solventado, aclarado o, en su caso, derivar en responsabilidades.
“Una observación no es un daño al erario”, sostuvo Martínez Velázquez, al explicar que los auditores pueden señalar desde diferencias en fechas de comprobación hasta subejercicios o cuestiones presupuestales que posteriormente deben ser aclaradas por las entidades fiscalizadas.
Martínez Velázquez aseguró que las observaciones correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 a las que hace referencia la publicación “están debidamente solventadas”, con excepción de alrededor de 250 mil pesos cuya documentación y argumentación fueron remitidas recientemente a la ASF.
“Está solventado, fin a la historia”, expresó el coordinador de Comunicación, quien agregó que el Gobierno del Estado se encuentra a la espera de los oficios de respuesta de la Auditoría Superior de la Federación para cerrar ese proceso.
El funcionario también rechazó que las observaciones de la ASF puedan utilizarse para afirmar que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se haya apropiado de recursos públicos, como plantea el texto de la columna de opinión.
Consideró que la publicación mezcla los procesos de fiscalización con acusaciones de corrupción y calificó su contenido como parte de una campaña de desinformación contra el Gobierno del Estado.
“Este medio, que participa en la campaña en contra del gobierno, engaña a la población, porque hace pasar unas observaciones como daño al erario”, señaló.
Defendió que la administración estatal se encuentra obligada a atender las revisiones de los órganos fiscalizadores y afirmó que todas las administraciones públicas están sujetas a este tipo de procedimientos.
“Todos tenemos que estar alertas a la auditoría porque el dinero público es sagrado, es de la gente. No es del gobierno, no es de los funcionarios”, enfatizó.