- La iniciativa de la diputada de Morena busca obligar a los tres poderes, ayuntamientos y organismos autónomos a ofrecer información pública en Lengua de Señas Mexicana, Braille, lectura fácil y formatos digitales accesibles.
Daniel Angulo | La diputada de Morena, Gabriela Hernández Islas, presentó una iniciativa para crear la Ley de Comunicación Accesible para el Estado de Tlaxcala, con la que busca establecer obligaciones para que las instituciones públicas garanticen a las personas con discapacidad el acceso, la comprensión y la participación en la información y los asuntos públicos.
La propuesta presentada al Pleno este jueves en sesión ordinaria, plantea que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos y organismos autónomos, incorporen medidas de accesibilidad en sus comunicaciones, trámites, servicios, sesiones públicas y actos oficiales, a fin de eliminar las barreras que actualmente limitan la participación de este sector de la población.
Entre las principales disposiciones se encuentra la obligatoriedad de contar con interpretación simultánea en Lengua de Señas Mexicana (LSM) durante sesiones públicas, conferencias, informes, comparecencias, consultas y eventos oficiales, sin que sea necesario que una persona con discapacidad auditiva solicite previamente este servicio.
La iniciativa también contempla que los documentos públicos, convocatorias, programas sociales y trámites estén disponibles en formatos accesibles, como Braille, macrotipos, lectura fácil, lenguaje claro, audio y archivos digitales compatibles con lectores de pantalla.
Asimismo, propone que las publicaciones institucionales en redes sociales incluyan subtítulos en videos, descripciones de imágenes y elementos que faciliten su comprensión, además de establecer que las páginas web y plataformas digitales de las autoridades cumplan con estándares de accesibilidad.
Hernández Islas planteó que las personas con discapacidad puedan solicitar ajustes razonables en sus trámites y procedimientos, los cuales deberán resolverse de manera inmediata cuando exista una situación urgente o, en otros casos, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La negativa deberá estar justificada por escrito y ofrecer una alternativa eficaz.
La propuesta de Ley incluye también obligaciones específicas para garantizar que la información sobre emergencias, salud, seguridad, protección civil, justicia, educación y programas sociales llegue a las personas en condiciones de igualdad, además de contemplar la capacitación del personal y la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración y evaluación de las medidas.
En materia presupuestaria, la morenista propuso que las instituciones incorporen los recursos necesarios en sus anteproyectos de presupuesto y puedan recurrir a convenios o servicios compartidos, sin que ello implique necesariamente la creación de nuevas dependencias o plazas.
Finalmente, y después de la lectura, la iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para que pueda hacer analizada, discutida, y en su caso, aprobada por el Pleno.