- El proyecto de cooperación internacional busca fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes y evitar su revictimización; participarán 60 procuradurías municipales de Tlaxcala.
Daniel Angulo | Una plataforma digital para detectar, alertar y dar seguimiento a casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes será desarrollada de manera conjunta entre Tlaxcala y Uruguay, como parte de un proyecto de cooperación internacional que busca fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de proteger a la niñez.
El proyecto fue presentado este martes en Palacio de Gobierno, donde autoridades de ambos países explicaron que la herramienta permitirá registrar y analizar casos, generar información para la toma de decisiones y mejorar la coordinación entre las instituciones que intervienen en la atención de estos delitos.
La iniciativa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue seleccionada entre 111 propuestas presentadas por México y Uruguay y contará con financiamiento del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay.
Durante la presentación, Martín Clavijo Moretto, director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), explicó que uno de los objetivos centrales es compartir conocimientos y herramientas para mejorar la detección y atención de los casos de violencia sexual contra menores de edad.
La plataforma tendrá una base tecnológica común y podrá adaptarse a las necesidades y normatividad de Tlaxcala y Uruguay. De acuerdo con las autoridades, permitirá dar seguimiento oportuno a los casos y fortalecer el acompañamiento institucional.
Rubén Fernando Hernández Mejía, jefe de departamento de Protección y Asistencia Jurídica de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que la intención es aprovechar el desarrollo tecnológico alcanzado por Uruguay y complementarlo con los protocolos de atención y la cobertura que Tlaxcala ha construido mediante sus procuradurías municipales.
El proyecto también contempla un esquema de formación especializada para el personal encargado de atender estos casos. La capacitación se realizará bajo un modelo de formación de formadores, con la finalidad de que los conocimientos permanezcan y puedan replicarse dentro de las instituciones.
En Tlaxcala se prevé beneficiar directamente a unas 220 personas servidoras públicas: 180 pertenecientes a las 60 Procuradurías Municipales de Protección y 40 de la Procuraduría Estatal.
De manera indirecta, el proyecto podría beneficiar a más de 370 mil niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, al fortalecer las instituciones responsables de proteger y restituir sus derechos.
En Uruguay participarán directamente alrededor de 80 personas servidoras públicas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), mientras que el beneficio indirecto alcanzaría a más de 135 mil 500 niñas, niños y adolescentes vinculados con su sistema de protección.
Flor de María López Hinojosa, directora general del Sedif, señaló que una de las principales instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha sido fortalecer la procuración de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante instituciones con mayores capacidades para atender y proteger sus derechos.
El proyecto tendrá una duración de 12 meses y contempla un financiamiento de 95 mil dólares del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay.
Además de la plataforma y la capacitación, las autoridades prevén documentar las experiencias y resultados obtenidos para generar un modelo que pueda ser utilizado y replicado posteriormente.
Uno de los objetivos planteados es reducir la revictimización durante los procesos de atención y mejorar la coordinación entre las instituciones de procuración e impartición de justicia, salud, educación y seguridad pública.
La plataforma continuará operando en Tlaxcala una vez concluido el proyecto, bajo responsabilidad del Sedif, a través de la Procuraduría Estatal y con la participación de las 60 Procuradurías Municipales de Protección.