La Bestia Política

Laura Flores propone eliminar cobros por aclarar y rectificar actas del Registro Civil en Tlaxcala.

Mariana LOVERA | La diputada Laura Yamili Flores Lozano, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó una iniciativa para eliminar los cobros por los procedimientos administrativos de aclaración y rectificación de actas del estado civil, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad y evitar que las familias paguen por corregir inconsistencias en sus documentos oficiales.

La propuesta busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, específicamente del artículo 157, que establece derechos por servicios prestados por las autoridades estatales en materia registral.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo es que los trámites administrativos para corregir actas de nacimiento, matrimonio, defunción y otros documentos del estado civil sean totalmente gratuitos, desde el inicio del procedimiento hasta la entrega del acta corregida.

Flores Lozano argumentó que la exactitud de estos documentos no es un asunto exclusivamente administrativo, debido a que la información contenida en ellos resulta indispensable para realizar trámites educativos, laborales, de seguridad social, sucesorios y de acceso a servicios públicos.

Por ello, consideró que los costos asociados a la regularización de los registros pueden convertirse en una barrera económica para las personas que necesitan corregir sus datos personales.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es el incremento en los costos de los procedimientos administrativos durante los últimos años.

Según las cifras presentadas por la legisladora, en julio de 2021 una aclaración administrativa de un acta de nacimiento costaba alrededor de mil 157 pesos. Para 2026, el monto asciende aproximadamente a 3 mil 754 pesos.

En el caso de las rectificaciones administrativas de actas de nacimiento, el documento señala que el costo pasó de mil 882 pesos en 2021 a 4 mil 927 pesos en 2026.

La diputada sostuvo que estos incrementos representan una carga para la economía de las familias tlaxcaltecas, especialmente cuando las correcciones son necesarias para acreditar su identidad o realizar trámites indispensables.

La iniciativa también advierte sobre la acumulación de diferentes conceptos de cobro, entre ellos certificados de resolución, anotaciones marginales en libros del Registro Civil, copias certificadas y actualizaciones o validaciones relacionadas con la base de datos del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Además, cuestiona el cobro por ingreso de expediente, al señalar que ese concepto no estaría expresamente previsto en el Código Financiero estatal.

La propuesta legislativa identifica diversas inconsistencias que pueden presentarse en los documentos del estado civil, incluso años después de su expedición.

Entre ellas se encuentran errores ortográficos y mecanográficos, abreviaturas, diferencias en nombres, equivocaciones derivadas de transcripciones y problemas originados durante los procesos de captura o digitalización de la información.

También contempla los casos en los que las actas contienen denominaciones históricas de municipios que posteriormente cambiaron o actualizaron su nombre oficial.

Como ejemplos, la iniciativa menciona referencias como San Bernardino Contla, Santa Ana Chiautempan, San Pablo Apetatitlán, Santa María Nativitas y Santiago Tetla.

La legisladora sostuvo que, cuando una inconsistencia proviene de errores de captura, transcripción, asentamiento, conservación o digitalización realizados por las propias autoridades, no resulta razonable trasladar a la ciudadanía el costo de corregirla.

Sin embargo, la gratuidad propuesta no estaría condicionada a que la persona demuestre quién cometió el error, pues la finalidad es facilitar la regularización registral y evitar que requisitos adicionales impidan acceder al beneficio.

El proyecto plantea modificar el artículo 157 del Código Financiero estatal para eliminar diversos cobros relacionados con las aclaraciones y rectificaciones administrativas.

Entre los cambios propuestos se encuentran:

La propuesta busca que la eliminación de un concepto de cobro no sea sustituida por otro cargo administrativo que termine generando el mismo obstáculo económico para las personas solicitantes.

El documento también establece que las copias certificadas y las actualizaciones o validaciones ante RENAPO conservarían sus cuotas generales cuando se soliciten para fines distintos a una aclaración o rectificación administrativa, pero quedarían exentas cuando sean indispensables para concretar la corrección.

La iniciativa establece una distinción entre los procedimientos administrativos y las rectificaciones que deben realizarse por la vía judicial.

De acuerdo con la exposición de motivos, el beneficio se concentraría en los procedimientos administrativos previstos en el Código Civil del Estado de Tlaxcala, sin extender de manera general la gratuidad a los actos jurisdiccionales.

En el proyecto de decreto se propone reformar las fracciones XVII y XXVI, adicionar un último párrafo y derogar las fracciones VIII, IX, XVI y XXV del artículo 157 del Código Financiero estatal.

El texto plantea que los procedimientos administrativos de aclaración y rectificación contemplados en los artículos 640 Ter, 640 Quater, 640 Quater A, 640 Quater B, 641, 641 A y 641 B del Código Civil sean totalmente gratuitos y no generen pago de derechos alguno, hasta la expedición del documento corregido.

Comparación con otros estados.

Como parte de su argumentación, Flores Lozano también compara los costos de Tlaxcala con los de otras entidades del país.

La iniciativa refiere que en Hidalgo el trámite de corrección de un acta de nacimiento tiene un costo de 152 pesos, mientras que en Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí y Sonora señala que el procedimiento es gratuito.

Con estos ejemplos, la legisladora plantea la necesidad de reducir las barreras económicas para acceder a la regularización de los documentos oficiales y facilitar el ejercicio del derecho a la identidad.

El proyecto de decreto establece que, en caso de ser aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entraría en vigor al día siguiente de su publicación.

También contempla que los procedimientos administrativos de aclaración y rectificación que ya se encuentren en trámite o pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor se concluyan conforme a la legislación vigente cuando fueron iniciados.

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