- Habitantes de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe acusan a la alcaldesa de Chiautempan de presuntas presiones, injerencia en la organización comunitaria y de favorecer la imposición de obras en campos deportivos. También cuestionan al IMSS y a la PROPAET por la falta de claridad sobre el proyecto.
Mariana LOVERA// El conflicto por los campos deportivos de Guadalupe Ixcotla escaló al Congreso del Estado de Tlaxcala, luego de que legisladores aprobaran la integración de una comisión especial para investigar la solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, y los integrantes de su Cabildo, por presuntos actos contrarios a los derechos colectivos de comunidades indígenas.
En rueda de prensa, integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla, el Comité Asignado para Investigar el Proyecto CECI y mujeres organizadas de la comunidad denunciaron una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de infraestructura médica atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Recordaron que el pasado 13 de octubre el Congreso local aprobó por unanimidad la conformación de una comisión especial encargada de analizar las acusaciones contra la alcaldesa y otros funcionarios municipales.
La comisión quedó integrada por el diputado David Martínez del Razo, como presidente, y las diputadas Brenda Cecilia Villantes Rodríguez y Lorena Ruiz García, como vocales, quienes tendrán un plazo de 15 días hábiles, a partir de que reciba el expediente, para recabar pruebas y elaborar el informe correspondiente.
Los representantes comunitarios informaron que este miércoles 14 de octubre entregaron un escrito al diputado David Martínez del Razo para solicitar una reunión de trabajo, establecer un cronograma de actividades y revisar las pruebas que sustentan su petición.
Los comités sostienen que la presidenta municipal ha promovido acciones que consideran contrarias a la autonomía de las comunidades nahuas de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, particularmente en lo relacionado con la utilización de sus espacios deportivos.
Entre los señalamientos destaca la presunta imposición de José Juan Cuautle Romano como presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, a quien, según los denunciantes, la Asamblea General Comunitaria ha destituido en diversas ocasiones.
También acusaron que personas que acuden al Ayuntamiento de Chiautempan para realizar trámites habrían sido presionadas para firmar documentos de respaldo a procedimientos legales promovidos por Cuautle Romano.
Los inconformes señalaron que las tensiones comenzaron a intensificarse el 13 de marzo, cuando personal municipal realizó trabajos en el campo deportivo número cinco, y aumentaron durante junio, cuando, según su versión, se efectuaron consultas comunitarias sin garantizar las condiciones necesarias para su realización.
El conflicto alcanzó uno de sus momentos más críticos el 5 de julio, cuando el ingreso de maquinaria y la presencia de elementos de seguridad derivaron en un enfrentamiento entre habitantes y policías, con reportes de personas lesionadas y detenidas.
Ante estos hechos, los representantes solicitaron que el Congreso aplique los instrumentos legales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además de la revocación de mandato, solicitaron la inhabilitación de la presidenta municipal, de los integrantes del Cabildo y de un anterior secretario del Ayuntamiento, peticiones cuya procedencia deberá determinarse conforme a la ley.
- Cuestionan al IMSS: ¿quién está realizando realmente las obras?
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la falta de claridad sobre el origen y la responsabilidad de los trabajos que se realizan en el campo deportivo número dos de Guadalupe Ixcotla.
Los comités señalaron una presunta contradicción entre las versiones difundidas por autoridades municipales y estatales, que han presentado el proyecto como una obra del IMSS, y las manifestaciones que atribuyen al propio instituto dentro del juicio de amparo indirecto.
Según dijeron, la representación del IMSS en Tlaxcala informó ante la autoridad judicial que no había iniciado la ejecución material de obras en la unidad deportiva.
Asimismo, los denunciantes aseguraron que durante una audiencia celebrada el 9 de septiembre, un abogado del IMSS habría señalado que los trabajos iniciados no estaban a cargo del instituto, sino del Gobierno del Estado.
Estas afirmaciones, de confirmarse, abrirían nuevos cuestionamientos sobre qué dependencia ejecuta los trabajos, bajo qué autorizaciones y con qué responsabilidades administrativas.
El proyecto en disputa contempla infraestructura de salud, una unidad médica, servicios de hemodiálisis y un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Las autoridades han sostenido que las consultas comunitarias realizadas en junio otorgaron respaldo mayoritario a la iniciativa, aunque los grupos inconformes cuestionan la legitimidad de esos procedimientos. 
- Impugnan resolución de la PROPAET
Los representantes comunitarios también informaron que el 12 de octubre presentaron un recurso de inconformidad ante el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), Iván García Juárez.
El recurso busca revocar el acuerdo mediante el cual la dependencia determinó concluir y archivar definitivamente una denuncia ciudadana presentada el 5 de agosto de 2026.
Los inconformes argumentaron que la resolución carece de una explicación detallada sobre las diligencias realizadas, las pruebas analizadas y los fundamentos técnicos y jurídicos utilizados para descartar posibles infracciones ambientales.
Además, cuestionaron que no se hayan esclarecido las condiciones ambientales del predio, al señalar que se trata de una zona vinculada con una barranca y que requiere un análisis desde una perspectiva de cuenca.
A su juicio, la respuesta de la dependencia no permite conocer con precisión el alcance de las obras ni las autorizaciones correspondientes.
- Zoé Robledo tampoco ha respondido, denuncian
Los comités también dirigieron sus señalamientos al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, a quien acusaron de no responder cinco peticiones relacionadas con el proyecto.
De acuerdo con los representantes, continúa pendiente la resolución de una queja presentada ante el Órgano Interno de Control del instituto por presuntas omisiones administrativas y posibles vulneraciones a los derechos colectivos de las comunidades. 
Los denunciantes consideraron que la falta de respuestas oficiales ha profundizado la desconfianza entre los habitantes y las instituciones involucradas.
- Conflicto entra en una nueva etapa política y jurídica
La integración de la comisión especial representa una nueva etapa en una controversia que durante meses ha generado movilizaciones, procedimientos judiciales y confrontaciones entre sectores de la comunidad y autoridades.
Cabe señalar que en agosto un juzgado federal negó la suspensión definitiva solicitada por habitantes inconformes para detener las obras, aunque esa resolución no significó una sentencia sobre el fondo del juicio de amparo.