- El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano denunció presunta represión, discriminación y abandono institucional; además, demandó la aprobación y ejecución de un plan emergente para el sector.
Mariana LOVERA// A un año del inicio de las movilizaciones nacionales agropecuarias del 14 de octubre de 2025, integrantes de Agricultura Digna Tlaxcala y del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano reiteraron sus exigencias de justicia social para el medio rural, mejores condiciones para los productores y la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A través de un pronunciamiento, las organizaciones señalaron que durante este periodo han enfrentado presuntos actos de represión, agresiones, censura, discriminación y falta de atención por parte de las autoridades, situación que, afirmaron, refleja el abandono histórico del sector agrícola.
Los productores consideraron que quienes se encargan de generar alimentos para la población son tratados como ciudadanos de segunda, debido a que sus demandas no han recibido soluciones de fondo. Aunque reconocieron las molestias que las movilizaciones pueden ocasionar a otros sectores de la sociedad, subrayaron que las comunidades rurales también resultan afectadas por las políticas públicas dirigidas al campo.
En ese sentido, cuestionaron la postura del Gobierno de Tlaxcala respecto a la represión del 7 de abril, que, según expusieron, fue justificada por la afectación a terceros. Ante ello, preguntaron si los habitantes del medio rural no deben ser considerados también afectados por las decisiones gubernamentales.
Agricultura Digna Tlaxcala sostuvo que su lucha busca el reconocimiento de la actividad agrícola y condiciones que permitan a las familias campesinas vivir con dignidad.
Entre sus principales demandas, exigieron que el plan emergente para atender la problemática del campo sea aprobado, publicado y ejecutado, al considerar urgente la implementación de medidas que respondan a las necesidades de los productores.
Asimismo, responsabilizaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de cualquier posible represalia contra los integrantes de la organización, sus familiares o su entorno.
El pronunciamiento también incluyó una solicitud de derecho de réplica al coordinador de Comunicación del Gobierno estatal, Antonio Martínez Velázquez, a quien señalaron por declaraciones que, a su juicio, descalifican e invisibilizan al movimiento campesino.
Los integrantes de Agricultura Digna rechazaron que la movilización sea un asunto exclusivo de la familia Taboada o que responda a intereses partidistas. Afirmaron que se trata de una causa relacionada con las condiciones del sector agrícola y reclamaron que la comunicación gubernamental informe con responsabilidad y evite mensajes que, advirtieron, puedan fomentar discursos de odio o discriminación.
Finalmente, agradecieron a los medios de comunicación por dar seguimiento a sus demandas y reiteraron que sus acciones son pacíficas y se encuentran amparadas, señalaron, en los artículos 6, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la libertad de expresión, el derecho de petición y la libertad de reunión.
A un año de las primeras movilizaciones, los productores insistieron en que mantendrán su exigencia de atención institucional, reconocimiento a su labor y soluciones concretas para el campo mexicano.