Ana Lilia Rivera Rivera | Durante muchos años, en México se defendió la idea de que el crecimiento económico era suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población. Se confiaba en que, si la economía crecía, sus beneficios llegarían por sí mismos a todos los sectores sociales. La realidad demostró que no era así. Un país puede generar riqueza y, al mismo tiempo, mantener profundas desigualdades.
Por eso es relevante el dato presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con base en información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de que México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza registrada en América Latina durante 2024.
Este dato merece atención porque coloca en el centro una discusión que durante décadas quedó relegada: no basta con generar riqueza; también importa cómo se distribuye y en qué medida se traduce en mejores condiciones de vida para las familias.
México registró una disminución promedio anual de 2.3 puntos porcentuales en la pobreza entre 2014 y 2024. Este resultado permite dimensionar la magnitud del cambio, aunque también obliga a reconocer que las cifras generales no cuentan toda la historia. Detrás de cada indicador hay personas que buscan un empleo digno, familias que deben cubrir sus necesidades básicas y comunidades que todavía enfrentan rezagos.
Los incrementos al salario mínimo y los Programas para el Bienestar forman parte de las políticas que han contribuido a mejorar los ingresos de los hogares. Su importancia radica en que el ingreso laboral y los apoyos sociales pueden ampliar la capacidad de las familias para atender sus necesidades, reducir carencias y participar en mejores condiciones en la vida económica.
Sin embargo, es necesario mantener una mirada objetiva. La reducción de la pobreza no significa que el problema esté resuelto, ni que sus efectos sean iguales en todas las regiones del país. Persisten desigualdades en el acceso a la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos y las oportunidades de empleo. También hay diferencias entre las zonas urbanas y rurales, así como entre quienes cuentan con un trabajo formal y quienes viven de actividades informales o ingresos inestables.
El desafío consiste en transformar los avances en bienestar duradero. Para conseguirlo, el crecimiento económico debe acompañarse de mejores empleos, salarios suficientes, servicios públicos de calidad, inversión productiva y condiciones que permitan a las pequeñas empresas y a los productores locales desarrollar sus actividades. Los programas sociales son necesarios, pero deben formar parte de una política más amplia que genere oportunidades y reduzca las desigualdades de origen.
En este punto, la responsabilidad pública no termina con presentar resultados. Es indispensable evaluar qué políticas funcionan, corregir las que no producen los efectos esperados y asegurar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios concretos para la población. Reconocer los avances no significa renunciar a la crítica. Significa tener la claridad necesaria para distinguir lo que debe continuar de aquello que necesita mejorar.
En Tlaxcala, esta discusión tiene una expresión concreta. La reducción de la pobreza debe reflejarse en mejores condiciones para las familias de los municipios rurales, las comunidades indígenas, las personas trabajadoras y quienes sostienen pequeños negocios. El bienestar también se mide en la posibilidad de acceder a servicios de salud oportunos, contar con agua potable, tener una vivienda adecuada, estudiar sin que la falta de recursos cierre oportunidades y encontrar empleos con ingresos suficientes.
Por eso, los resultados nacionales deben servir como punto de partida para revisar qué falta por hacer en cada entidad. No basta con que los indicadores mejoren en el conjunto del país si hay comunidades donde las carencias siguen condicionando la vida cotidiana. La política social tiene que llegar a quienes más la necesitan, sin intermediarios indebidos y con mecanismos que permitan conocer sus resultados.
La transformación económica y social requiere continuidad, pero también capacidad para corregir el rumbo cuando sea necesario. El aumento de los ingresos de los hogares debe acompañarse de mejores servicios, infraestructura, educación, salud y oportunidades de desarrollo. De otro modo, parte de los avances puede perder fuerza frente al costo de la vida, la precariedad laboral o la falta de servicios básicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que el crecimiento debe ir de la mano de una distribución más equitativa de la riqueza. Ese principio es relevante porque coloca el bienestar de las personas como una medida central de la política económica. Ahora corresponde sostenerlo con resultados verificables y con una acción pública capaz de responder a las necesidades que todavía persisten.
México ha avanzado en la reducción de la pobreza, Reconocerlo es justo, pero conformarse sería un error. Todavía hay mucho por hacer. Hay que mantener el rumbo, corregir lo que sea necesario y apretar el paso para que la reducción de la pobreza deje de ser sólo un indicador favorable y se convierta, para todas y todos, en una realidad cotidiana.