* La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Violeta Fernández Vázquez, confirmó que suman ya tres suspensiones cautelares desde que fueron electos.
* Además, los servidores públicos suspendidos reciben sólo 30% de su salario mientras se resuelven los procedimientos.
Daniel Angulo | La jueza penal Herminia Hernández Jiménez fue suspendida de sus funciones por posibles irregularidades en el ejercicio de su cargo, en una de las tres medidas cautelares de suspensión que ha aplicado el Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala desde el inicio de sus actividades.
En entrevista para La Bestia Política, la magistrada presidenta del organismo, Violeta Fernández Vázquez, confirmó que la medida contra la juzgadora adscrita al distrito judicial de Sánchez Piedras fue autorizada el 15 de octubre y entró en vigor un día después, como parte de un procedimiento de responsabilidad administrativa que continúa en curso.
“Se suspende, pues, a una juzgadora adscrita al distrito judicial de Sánchez Piedras, por posibles irregularidades en el ejercicio de la función”, explicó la magistrada, quien evitó precisar los hechos investigados para no vulnerar la presunción de inocencia de la servidora pública.
Fernández Vázquez sostuvo que la suspensión busca “salvaguardar el buen desempeño en la impartición de justicia”, debido a que la función de una jueza penal implica estar al frente de audiencias. Añadió que la investigación se relaciona con posibles deficiencias en el desempeño de esas funciones, sin ofrecer mayores detalles sobre las conductas bajo revisión.
La presidenta del Tribunal precisó que, hasta el momento, se han emitido tres medidas cautelares de suspensión: dos contra personas juzgadoras y una contra una secretaria de acuerdos. A estas se suma una medida de movimiento de personal, que corresponde a una determinación distinta y no constituye una cuarta suspensión.
La medida cautelar implica que las personas involucradas dejan temporalmente sus cargos mientras avanzan los procedimientos; durante ese periodo, reciben únicamente 30 por ciento de su salario, mientras que el 70 por ciento restante queda reservado por el Órgano de Administración Judicial.
“Si en el asunto se determina que la falta administrativa sí se comprobó, entonces ese 70 por ciento pasa al dinero del Poder Judicial; si se determina que no se justifica la falta, entonces, como nada más es una retención, se le devolverá al servidor público”, explicó Fernández Vázquez.
La magistrada aclaró que estas medidas no representan una sanción definitiva, pues las personas investigadas todavía pueden contestar las imputaciones, presentar pruebas y ejercer su defensa. En el caso de la jueza penal Herminia Hernández Jiménez, la suspensión se mantendrá conforme a lo que se determine en el incidente y, si se confirma, podrá prolongarse durante el procedimiento administrativo.
Sostuvo que el Tribunal de Disciplina Judicial busca modificar las prácticas dentro del Poder Judicial mediante la investigación de posibles faltas administrativas y la aplicación de sanciones cuando se acredita responsabilidad.
Afirmó que el organismo tiene la obligación de atender las quejas ciudadanas y verificar que quienes imparten justicia cumplan con sus atribuciones conforme a la ley.
“Nosotros nos debemos a la ciudadanía y tenemos que encontrar las maneras de cambiar esa forma de impartir justicia, siempre en favor de los ciudadanos”, expresó al señalar que el trabajo del Tribunal también se concentra en los retrasos procesales, principal motivo de inconformidad de los usuarios, y en vigilar que los juzgados cumplan con los plazos legales.
Fernández Vázquez estimó que los dos procedimientos de suspensión más antiguos podrían tener sus primeras resoluciones hacia finales de 2026, aunque advirtió que los plazos dependerán de las pruebas, los incidentes y las diligencias que deban desahogarse. El expediente más reciente podría tardar más, debido a que apenas inicia su etapa de sustanciación.
Mientras tanto, aseguró que los asuntos judiciales no han quedado desatendidos. En el caso de las causas penales que llevaba la jueza suspendida, explicó que fueron distribuidas de manera equitativa entre otros jueces del distrito, en tanto el Órgano de Administración Judicial determina cómo cubrir las ausencias.