- El diputado independiente considera incorporar nuevas disposiciones a dos leyes para establecer criterios sobre la desincorporación de vehículos del dominio público, incluida la evaluación de su vida útil y estado físico y mecánico.
Daniel Angulo | De acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Jaciel González Herrera ante el Congreso del Estado, la desincorporación de vehículos oficiales que ya no resulten adecuados para prestar servicios públicos deberán sujetarse a criterios técnicos.
El legislador propone adicionar el artículo 43 Bis a la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y el artículo 85 Bis a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con disposiciones para regular el procedimiento mediante el cual los vehículos automotores dejan de formar parte del dominio público.
Para el ámbito estatal, el legislador establece que la desincorporación deberá considerar los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como el estado físico y mecánico de la unidad y su capacidad para continuar prestando los servicios públicos a los que fue destinada.
En el caso de los municipios, la iniciativa plantea que los ayuntamientos presenten ante el Congreso del Estado una solicitud de autorización para retirar estos vehículos del dominio público, conforme a los términos establecidos en el artículo 83 de la Ley Municipal.
Además, deberán acompañar la solicitud con la documentación prevista en el proyecto, como la copia certificada del acta de sesión de Cabildo en el que se haya acordado la desincorporación; título de propiedad; dictamen técnico-mecánico del vehículo; y evidencia fotográfica que permita acreditar el estado físico del automotor, todo esto a fin de sustentar el procedimiento de desincorporación.
La propuesta busca establecer reglas específicas para determinar cuándo un vehículo oficial puede darse de baja y qué elementos deben tomarse en cuenta para justificar esa decisión.
Con ello, se pretende que el procedimiento no dependa únicamente de una determinación administrativa, sino que considere criterios técnicos sobre la vida útil y las condiciones de las unidades.