- La coordinadora estatal para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Miriam Martínez Sánchez, anunció que promoverá un exhorto ante el Congreso local y exigió transparentar el abasto de medicamentos, los recursos transferidos y las responsabilidades de los gobiernos estatal y federal.
Daniel Angulo | El desabasto de medicamentos, las deficiencias en la atención hospitalaria y la falta de claridad sobre el manejo de los recursos públicos llevaron al Partido Acción Nacional (PAN) a cuestionar los resultados de IMSS-Bienestar en Tlaxcala.
La diputada local Miriam Martínez Sánchez, coordinadora estatal para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, anunció que impulsará acciones legislativas para exigir cuentas sobre el funcionamiento del modelo e incluso revisar la viabilidad jurídica de terminar el convenio con la Federación.
En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que, a poco más de un año de la implementación del esquema, las deficiencias en los servicios médicos siguen afectando a las familias, mientras las autoridades estatales y federales se deslindan de responsabilidades frente a las carencias de los hospitales y las demandas del personal sanitario.
“No se trata de darle un cheque en blanco a la Federación para que administre la salud de Tlaxcala, sin que los resultados estén a la altura de lo prometido”, afirmó.
Martínez Sánchez señaló que las manifestaciones recientes de trabajadores del sector salud evidencian un problema que va más allá de las condiciones laborales: la falta de insumos, el surtimiento incompleto de recetas y las dificultades que enfrentan los pacientes para recibir sus tratamientos.
Describió que, ante la falta de medicamentos en las unidades médicas, las familias terminan comprándolos con sus propios recursos, mientras algunos pacientes se ven obligados a interrumpir sus tratamientos. A su juicio, el sistema debe evaluarse por la atención que efectivamente reciben las personas y no por los inventarios que reportan las autoridades.
“Tener medicamentos en un almacén no significa que estén llegando a los pacientes”, advirtió.
Como parte de sus argumentos, la diputada citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales, en 2024, 44.5 millones de personas en México presentaban carencia de acceso a los servicios de salud, frente a los 20 millones registrados en 2018.
En el caso de Tlaxcala, expuso que 39.3 por ciento de la población, equivalente a aproximadamente 576 mil 200 personas, carecía de acceso a estos servicios, una proporción que -dijo-, supera el promedio nacional.
Ante ese panorama, exigió un informe detallado que permita conocer qué medicamentos faltan, cuáles hospitales y centros de salud enfrentan desabasto, cuántas recetas se surten de manera completa y cuántos tratamientos han sido interrumpidos.
Uno de los principales cuestionamientos de Martínez Sánchez se dirigió al modelo de federalización de los servicios de salud, al considerar que la transferencia de responsabilidades y recursos ha dificultado identificar qué autoridad debe responder ante las fallas.
La diputada sostuvo que el convenio compromete al estado durante un periodo de 30 años, por lo que consideró inviable esperar ese plazo para evaluar si el esquema cumple con los resultados prometidos.
Como ejemplo, señaló que el presupuesto estatal para salud supera los 900 millones de pesos y cuestionó que, pese a la asignación de recursos, no exista suficiente claridad sobre su ejercicio y los resultados obtenidos.
“Los convenios son instrumentos, no son fines en sí mismos. Si no están dando los resultados esperados, deberían revisarse jurídicamente y, cuando proceda, cambiarse”, expresó.
En ese sentido, anunció que Acción Nacional impulsará la revisión jurídica del acuerdo y buscará que se analice la posibilidad de terminarlo para que Tlaxcala recupere la responsabilidad directa sobre los servicios transferidos.
No obstante, reconoció que cualquier modificación tendría que garantizar presupuesto, personal, medicamentos y continuidad en los tratamientos, a fin de evitar que los pacientes resulten afectados por una eventual transición entre modelos de atención.
La legisladora también comparó los resultados de abasto que, de acuerdo con la información expuesta, han reportado entidades como Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato, estados que no suscribieron el convenio de IMSS-Bienestar.
Entre las acciones que promoverá, Martínez Sánchez solicitó al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud una evaluación pública del convenio que detalle los recursos transferidos, las responsabilidades asumidas y los resultados alcanzados.
También planteó actualizar la información sobre el abasto de medicamentos por hospital y centro de salud, precisar las recetas surtidas completamente y los tratamientos interrumpidos, así como revisar la operación de los equipos médicos, la disponibilidad de especialistas y las condiciones del personal sanitario.
En el ámbito legislativo, confirmó que presentará un exhorto ante el Congreso del Estado para dar cauce jurídico a sus planteamientos y exigir que las autoridades rindan cuentas sobre la operación del sistema de salud.
La coordinadora estatal del PAN sostuvo que la prioridad debe ser garantizar la atención médica y evitar que las familias continúen absorbiendo el costo de las deficiencias del servicio público.