- Las fórmulas deberán obtener el respaldo de una asamblea comunitaria y competir en las urnas.
- El Congreso del Estado incumplió el plazo para legislar sobre la representación política de las 94 comunidades que eligen a sus autoridades por usos y costumbres.
Daniel Angulo | Las 94 comunidades de Tlaxcala que eligen a sus presidencias mediante usos y costumbres tendrán una vía para postular fórmulas a diputaciones locales en 2027, aunque deberán competir por el voto ciudadano y cumplir con las obligaciones fiscales y administrativas que rigen a las candidaturas independientes.
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó este lunes los lineamientos para implementar esta figura, sin reservar espacios en el Congreso ni garantizar escaños a las comunidades.
La decisión se tomó durante una sesión especial del Consejo General, mediante el acuerdo ITE-CG 73/2026, con el que el organismo electoral atendió una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La resolución ordenó establecer una acción afirmativa ante la falta de una reforma legislativa que regulara la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la elección de diputaciones locales.
La consejera electoral Janet Cervantes Ahuatzi explicó que el plazo para que el Congreso local realizara la consulta correspondiente y aprobara las modificaciones legales venció el 6 de septiembre. Ante la falta de cumplimiento oportuno, correspondió al ITE diseñar las reglas que permitirán la participación de estas comunidades en el proceso electoral 2026-2027.
El acuerdo aprobado por unanimidad contempla los lineamientos, la convocatoria para las personas interesadas, los topes de gastos durante la etapa de obtención del respaldo comunitario y un modelo único de estatutos para constituir la asociación civil que deberán utilizar las fórmulas participantes.
La diferencia principal respecto de una candidatura independiente ordinaria es la forma de acreditar el respaldo necesario para avanzar hacia el registro. En lugar de reunir firmas individuales equivalentes a un porcentaje de la lista nominal, las personas aspirantes deberán obtener el apoyo de una Asamblea General Comunitaria, cuya decisión quedará asentada en el acta correspondiente.
Cervantes Ahuatzi precisó que la medida está dirigida a las personas que manifiesten su intención de integrar una fórmula y posteriormente consigan el respaldo de alguna de las 94 comunidades incluidas en el catálogo del ITE.
Las reglas establecen que cada fórmula podrá recibir el respaldo de una sola comunidad y que cada comunidad podrá apoyar a una sola fórmula, tampoco será posible sumar actas de distintas comunidades para respaldar una misma aspiración.
Sin embargo, la decisión de una asamblea no equivale a una elección de diputación; en la discusión, la consejera Yedith Martínez Pinillo subrayó que las comunidades podrán postular fórmulas para competir por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, pero no tendrán diputaciones asignadas de manera automática.
Esto significa que la asamblea determinará qué fórmula cuenta con el respaldo comunitario para solicitar su registro, mientras que el acceso a una curul dependerá de los resultados de la elección constitucional, mediante el voto universal, libre, secreto y directo.
La distinción es relevante porque, en su planteamiento original, las comunidades solicitaron que se les reservaran espacios dentro del Congreso local; Martínez Pinillo recordó que la petición contemplaba 10 de las 25 diputaciones: siete de mayoría relativa y tres de representación proporcional, equivalentes al 40 por ciento del total de integrantes de la Legislatura.
El ITE analizó la viabilidad de esa propuesta, pero determinó que no correspondía apartar diputaciones ni sustituir el voto de la ciudadanía por la decisión de una asamblea. En cambio, optó por habilitar una vía de postulación que permita a las fórmulas respaldadas por las comunidades competir dentro del sistema electoral vigente.
La misma consejera detalló que las candidaturas comunitarias podrán participar por mayoría relativa en los distritos donde se encuentran las comunidades incluidas en el catálogo del Instituto. Son 12 de los 15 distritos electorales locales; quedan fuera los distritos 4, 14 y 15, donde no hay comunidades registradas bajo este sistema.
Además, las fórmulas que obtengan su registro por mayoría relativa serán incorporadas simultáneamente a una Lista Comunitaria Estatal para participar por representación proporcional. Para ello no tendrán que presentar una segunda solicitud ni conseguir un respaldo comunitario adicional.
En materia de financiamiento público, el acuerdo establece que los recursos se calcularán tomando como referencia las reglas de las candidaturas independientes a diputaciones locales, pero se distribuirán mediante una bolsa específica para las fórmulas comunitarias.
La separación busca evitar que la incorporación de esta nueva figura reduzca el financiamiento que corresponde a las candidaturas independientes. Los recursos se distribuirán igualitariamente entre las fórmulas comunitarias registradas, conforme a las reglas aprobadas.
Por su parte, la consejera Janet Cervantes Ahuatzi explicó que el ITE realizó consultas a distintas áreas del INE para analizar la posibilidad de establecer condiciones diferenciadas en materia de fiscalización, financiamiento y acceso a radio y televisión.
Entre las alternativas examinadas estuvo exentar a las candidaturas comunitarias de constituir una asociación civil durante la etapa de obtención del respaldo, así como permitir que las asambleas se desarrollaran bajo una temporalidad distinta de la establecida para las candidaturas independientes.
Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE respondió que no era jurídicamente viable excluir a estas fórmulas de las obligaciones fiscales aplicables. También determinó que debían constituir una asociación civil, abrir una cuenta bancaria para manejar los recursos y cumplir con los informes y controles correspondientes.
El organismo nacional igualmente estableció que los gastos realizados durante la obtención del respaldo comunitario deben ser fiscalizados, pues las asambleas y las actividades relacionadas pueden implicar el uso de recursos económicos o materiales.
Por esa razón, el periodo para obtener el respaldo quedó sujeto al calendario establecido para las candidaturas independientes a diputaciones locales: del 14 de enero al 12 de febrero de 2027.