- La congresista del PAN advirtió incertidumbre jurídica por las impugnaciones contra las acciones afirmativas del ITE y acusa que la reforma electoral dejó pendientes medidas para garantizar la participación política de las mujeres.
Daniel Angulo | La reserva de 15 ayuntamientos de Tlaxcala para que sean encabezados por mujeres en las elecciones de 2027 no está exenta de trasfondos políticos y genera incertidumbre jurídica, advirtió la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, quien cuestionó la forma en que se han tomado las decisiones sobre estas acciones afirmativas.
En entrevista, la representante del blanquiazul en el Congreso del Estado sostuvo que las medidas para garantizar la participación de las mujeres deben responder a las barreras históricas que enfrentan para acceder al poder, no a las circunstancias particulares de los partidos o de los actores políticos.
“Las decisiones que se van tomando deberían realizarse justamente en función de este sector que representamos las mujeres, no en función de intereses de cada uno de los actores o personajes que puedan estar tomando estas decisiones”, señaló.
Martínez Sánchez consideró que la determinación debe ofrecer certeza jurídica, especialmente ante las impugnaciones promovidas por distintos partidos políticos. A su juicio, los antecedentes judiciales sobre medidas similares en otras entidades abren la posibilidad de que la decisión sea controvertida y obligan a revisar cómo se construyeron los lineamientos.
“Cualquier determinación que tome el ITE (Instituto Tlaxcalteca de Elecciones) debe estar avalada siempre con la certeza jurídica, para beneficio de las mujeres y, sobre todo, del electorado”, afirmó.
La legisladora también cuestionó las diferencias entre el proceso electoral de 2024 y el actual; recordó que, en la elección anterior, la definición de municipios exclusivos para candidaturas femeninas se realizó cerca del inicio de las campañas y de los registros, lo que obligó a los partidos a modificar sus previsiones electorales.
Mencionó que en ese entonces, el PAN, junto con el PRI y el PRD, solicitaron que la medida se definiera con anticipación para permitir eventuales impugnaciones sin poner en riesgo la organización del proceso ni la equidad en la contienda; sin embargo, afirmó que la propuesta final se resolvió mediante una mayoría en la que Morena y partidos aliados respaldaron una distribución distinta a la planteada por la oposición.
“Nosotros teníamos otra propuesta, de forma equilibrada, de tal manera que fuera un acuerdo que beneficiara a Tlaxcala y al electorado, y sobre todo a las mujeres”, sostuvo.
Añadió que, al no alcanzarse ese consenso, los partidos que entonces integraban el bloque opositor decidieron no firmar el acuerdo.
La diputada, quien también se desempeña como coordinadora estatal de la organización Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, vinculó la controversia actual con los pendientes de la reforma electoral local. Aseguró que, aunque se realizaron mesas de diálogo con distintos sectores, varias propuestas quedaron fuera del dictamen aprobado por el Congreso.
Entre ellas, mencionó una iniciativa para incorporar al catálogo de nulidades electorales la violencia política contra las mujeres en razón de género, con un supuesto específico relacionado con una diferencia de cinco puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar cuando se acreditara esa violencia. La propuesta, indicó, quedó sin avanzar.
“Lo que nos deja de lección es que justamente hace falta una reforma electoral de gran calado”, expresó.
Aunque criticó el manejo de las decisiones sobre las acciones afirmativas, Martínez Sánchez aseguró que el PAN cumple los lineamientos y las disposiciones electorales en materia de paridad. Insistió en que el objetivo debe ser garantizar condiciones equitativas para que las mujeres puedan competir y acceder a los cargos públicos, sin que las medidas adoptadas terminen sujetas a la incertidumbre jurídica.