La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó este jueves ante el Congreso de Tlaxcala un proyecto de exhorto para exigir atención inmediata al desabasto de medicamentos, transparentar los recursos y bienes destinados a IMSS-Bienestar y evaluar los resultados del convenio mediante el cual se transfirieron servicios de salud a la Federación para definir su posible cancelación.
La propuesta coloca en el centro a las familias que necesitan atención médica y al personal sanitario que requiere medicamentos, materiales y equipos suficientes para desempeñar sus funciones.
Además, busca que las autoridades acrediten el cumplimiento de sus obligaciones y establezcan medidas verificables para resolver las deficiencias.
Martínez Sánchez demandó a la Secretaría de Salud del Estado y a las instituciones federales involucradas un informe documentado, en un plazo de 30 días hábiles, sobre los compromisos asumidos, los recursos transferidos y ejercidos, así como la situación jurídica y operativa de los inmuebles destinados al modelo.
El informe deberá permitir conocer qué responsabilidades han sido cumplidas, cuáles permanecen pendientes y qué autoridad debe responder por cada una. También comprenderá los recursos correspondientes a 2025 y 2026, las compras extraordinarias y el destino de los bienes públicos entregados o autorizados para su transferencia.
En materia de medicamentos, la legisladora propuso publicar información desglosada por hospital, centro de salud y clave, con datos sobre existencias, periodos de desabasto y recetas surtidas de manera completa, parcial o no atendidas.
Con ello, busca que la evaluación del servicio refleje los tratamientos que efectivamente reciben los pacientes y permita identificar dónde se concentran las necesidades más urgentes.
La iniciativa también plantea requerir a Birmex información sobre contratos, pedidos, entregas pendientes y medidas correctivas relacionadas con el suministro de medicamentos e insumos para Tlaxcala.
Como respuesta inmediata, Martínez Sánchez solicitó atender prioritariamente los faltantes que puedan provocar interrupciones en los tratamientos, identificar a las personas responsables de solucionarlos y establecer fechas de reposición y propuso que estas acciones se informen en 15 días hábiles y tengan seguimiento mensual durante tres meses.
De manera clara, demandó la evaluación técnica, financiera y jurídica del convenio, con participación estatal y federal, para determinar los ajustes necesarios y analizar las alternativas legalmente procedentes y en caso de ser necesario, promover la cancelación de éste para asegurar la atención gratuita en materia de salud de los tlaxcaltecas.