- Una queja colectiva dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala presuntos maltratos, revisiones invasivas y sanciones arbitrarias; solicitan investigar y garantizar que no existan represalias.
Mariana LOVERA// Familiares de mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario femenil de Apizaquito denunciaron presuntos actos de discriminación, maltrato y abuso de autoridad que atribuyen a Lorena Cortés Yáñez, identificada en una queja colectiva como jefa de custodias de uno de los turnos del establecimiento.
Los señalamientos también están contenidos en un escrito de las propias internas, fechado el 31 de julio de 2026 y con sellos de recepción del 14 de septiembre de ese año, correspondientes a la Oficialía de Partes y a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.
En el documento, las promoventes acusan la elaboración de tarjetas administrativas por hechos que, aseguran, no ocurrieron o fueron tergiversados para justificar sanciones. También señalan la presunta colocación de objetos entre sus pertenencias para después reportarlos durante las revisiones, así como negativas para consultar las grabaciones de las cámaras que podrían ayudar a esclarecer los incidentes.
De acuerdo con el testimonio aportado por familiares, cuya identidad se reserva por temor a represalias, los presuntos castigos incluyen suspensión de visitas, cobros indebidos y restricciones alimentarias. Por su parte, la queja escrita refiere impedimentos para ingresar comida previamente autorizada y la retención de artículos de higiene personal.
Otro de los señalamientos consiste en presuntas revisiones corporales invasivas. Las internas describen desnudos totales y posiciones que consideran humillantes, además de acusar prácticas similares contra familiares durante el ingreso a las visitas. El testimonio compartido también refiere presuntos tocamientos indebidos.
Las promoventes sostienen que mujeres con condiciones de salud vulnerables son obligadas a barrer y cargar cubetas sin considerar su estado físico. Asimismo, denuncian gritos, amenazas, intimidación y agresiones mediante empujones, conductas que, según su relato, han afectado su bienestar emocional.
En el escrito aseguran haber informado de diversas situaciones a la titular del centro y señalan que existen antecedentes en los registros del Comité Técnico. Los familiares atribuyen la persistencia de los presuntos abusos a una supuesta protección de la dirección hacia la servidora pública señalada, afirmación que requiere ser investigada.
Entre sus peticiones, las internas solicitan entrevistas individuales, revisión de expedientes médicos y administrativos, inspección de los registros del Comité Técnico y recopilación de testimonios de sus familiares. También piden la designación de personal de custodia capacitado e imparcial.
Las denunciantes demandan la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar que ninguna interna ni sus familiares sufran represalias por presentar la queja.