- La diputada del PAN presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el objetivo de obligar a las instituciones públicas a registrar, informar y dar seguimiento a las recetas que no puedan surtirse completamente.
- Miriam Martínez busca que ninguna receta médica quede en el olvido y que el desabasto deje de ser una carga que los pacientes deban enfrentar sin información, seguimiento ni respuestas institucionales.
Mariana LOVERA | Ante el desabasto de medicamentos que afecta a pacientes del sistema público de salud, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de acuerdo para impulsar reformas a la Ley General de Salud y establecer mecanismos que garanticen el seguimiento de las recetas médicas pendientes.
La propuesta parte de una problemática que enfrentan miles de familias: acudir a una institución de salud, recibir una receta y descubrir que los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento no están disponibles.
Bajo la premisa de que “ninguna receta pendiente debe quedar sin respuesta”, la legisladora plantea que las instituciones públicas tengan la obligación de registrar los medicamentos faltantes, informar a los pacientes sobre su disponibilidad y mantener abierto el seguimiento hasta que se concrete su entrega o exista una solución médica documentada.
La iniciativa propone adicionar los artículos 51 Bis 4, 51 Bis 5, 104 Bis y 104 Ter a la Ley General de Salud, para establecer obligaciones específicas de información, atención y seguimiento del suministro de medicamentos.
Entre los principales planteamientos destaca que, cuando una receta no pueda surtirse completamente, la institución deberá entregar gratuitamente al paciente una constancia con los medicamentos pendientes, las cantidades requeridas, la fecha de solicitud y los medios para consultar el estado del suministro.
Además, contempla que las instituciones adopten medidas para conseguir los medicamentos faltantes, incluyendo la coordinación con otras unidades médicas y mecanismos de abastecimiento extraordinario.
En situaciones de urgencia o cuando la interrupción del tratamiento represente un riesgo para la salud, la propuesta establece la necesidad de actuar de manera inmediata para evitar afectaciones a los pacientes.
Otro aspecto relevante es la creación de registros institucionales que permitan conocer cuántas recetas permanecen pendientes, qué medicamentos presentan mayor desabasto y cuánto tiempo tardan las instituciones en atender las solicitudes.
Esta información deberá integrarse en indicadores públicos que permitan evaluar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, identificar deficiencias y establecer responsabilidades institucionales.
En la exposición de motivos, Martínez Sánchez advierte que el problema no termina cuando un paciente recibe una receta, sino cuando puede acceder efectivamente al tratamiento indicado.
La legisladora también señala que la falta de medicamentos puede provocar interrupciones en los tratamientos, gastos adicionales para las familias y riesgos para la salud, particularmente entre quienes padecen enfermedades que requieren atención continua.
La propuesta busca fortalecer el derecho constitucional a la protección de la salud y establecer mecanismos de transparencia que permitan vigilar el suministro de medicamentos en las instituciones públicas.
Al tratarse de una reforma de carácter federal, la iniciativa plantea que el Congreso de Tlaxcala remita el proyecto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.