Con el propósito de garantizar el derecho a la salud y evitar que miles de pacientes continúen enfrentando la falta de medicamentos en las instituciones públicas, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, presentó una iniciativa para impulsar una reforma a la Ley General de Salud que obligue a las autoridades sanitarias a registrar, atender, dar seguimiento y resolver los casos de recetas que no sean surtidas.
Este martes, durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora panista sostuvo que el acceso a los medicamentos no puede depender de la suerte, la insistencia de los pacientes o de su capacidad económica para adquirirlos por cuenta propia, por lo que consideró indispensable establecer obligaciones legales claras para que las instituciones de salud asuman su responsabilidad hasta garantizar una respuesta efectiva.
“Ninguna receta pendiente debe quedar sin respuesta. No podemos permitir que un paciente llegue a una institución pública de salud y que la única contestación que reciba sea un ‘no hay’. Detrás de cada medicamento faltante hay una persona, una familia y, muchas veces, una vida que depende de la continuidad de su tratamiento”, expresó.
Previamente, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, Martínez Sánchez explicó que su propuesta pretende que la LXV Legislatura de Tlaxcala ejerza su facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
Entre los principales alcances de la reforma destaca la obligación de registrar de oficio cualquier medicamento pendiente de entrega, incluso cuando la receta haya sido surtida parcialmente, y proporcionar al paciente, de manera gratuita, una constancia física o electrónica con un número de folio, los medicamentos faltantes, las cantidades pendientes y los datos del área responsable de su seguimiento.
Asimismo, las instituciones deberán informar, dentro de las primeras 24 horas posteriores a la detección del desabasto, las acciones emprendidas para resolverlo y, cuando exista, la fecha confirmada de entrega.
En aquellos casos donde no sea posible establecer una fecha, deberán intervenir los superiores jerárquicos y el personal médico tratante, además de mantener informado al paciente sobre los avances al menos cada siete días.
La propuesta también establece mecanismos de atención inmediata cuando la falta de medicamentos represente un riesgo para la salud, particularmente en situaciones de urgencia o interrupción de tratamientos.
De igual manera, contempla que las instituciones públicas verifiquen la disponibilidad de medicamentos en sus redes de atención y activen procedimientos de reposición, redistribución, adquisición o suministro mediante otros prestadores, sin trasladar al paciente la responsabilidad de resolver el desabasto.
“El derecho a la salud no puede quedarse en el papel ni convertirse en una promesa incumplida. Queremos que las instituciones tengan la obligación de responder, de buscar alternativas y de acompañar al paciente hasta resolver la entrega de sus medicamentos”, puntualizó la diputada.
Otro aspecto relevante es que el vencimiento de una receta médica no podrá utilizarse como argumento para cerrar automáticamente un expediente de medicamento pendiente, pues corresponderá a la propia institución gestionar, cuando proceda, su renovación o modificación con el personal médico tratante.
La reforma también propone fortalecer los mecanismos de transparencia mediante registros permanentes de inventarios, alertas de agotamiento e indicadores mensuales que permitan conocer el número de recetas surtidas, los medicamentos faltantes y los tiempos de espera.
Miriam Martínez enfatizó que la iniciativa busca pasar de un sistema que simplemente informa sobre la inexistencia de medicamentos a uno que asuma la obligación de gestionar soluciones, dar seguimiento y rendir cuentas a los pacientes.
Finalmente, la legisladora confió en que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso respalden esta propuesta, por tratarse de una medida que trasciende intereses partidistas y coloca en el centro la salud y la dignidad de las personas.
“La salud de las familias no tiene colores partidistas. Por eso esperamos el respaldo de nuestras compañeras y compañeros diputados para que desde Tlaxcala impulsemos una reforma nacional que permita que ningún paciente sea abandonado ante la falta de medicamentos. Porque cuando se trata de defender la salud y la vida de nuestra gente, aquí nadie se raja”, concluyó.