- En medio de la crisis por el cierre de rellenos sanitarios, la Secretaría de Medio Ambiente sostiene que los ayuntamientos tienen la obligación constitucional de garantizar el manejo y destino final de los residuos; mientras tanto, el gobierno estatal plantea ampliar hasta diciembre la operación del basurero de Atlangatepec.
Mariana LOVERA// En plena crisis por la disposición final de basura en Tlaxcala, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), recuerda que la responsabilidad de recolectar, trasladar, tratar y garantizar el destino final de los residuos sólidos urbanos corresponde legalmente a los 60 ayuntamientos, una obligación establecida desde hace más de dos décadas.
La administración señala que esta competencia no surgió con el reciente cierre de los sitios de disposición final ni con los convenios celebrados entre el Ejecutivo estatal y las administraciones municipales, sino que está contemplada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde la reforma publicada el 23 de diciembre de 1999, vigente a partir del 22 de marzo de 2000.
La dependencia también hace referencia al artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que establece las atribuciones municipales en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos.
En una tarjeta informativa remitida a los medios de información, se lee que los ayuntamientos pueden prestar estos servicios directamente, coordinarse con otras administraciones municipales o contratar empresas autorizadas, sin que esas alternativas eliminen su responsabilidad constitucional.
Sin embargo, el propio documento reconoce que la participación del Gobierno del Estado también implica cumplir con sus atribuciones ambientales y los compromisos adquiridos mediante convenios.
- Una crisis que exhibió la falta de alternativas
El posicionamiento de la SMA se produce en un escenario de incertidumbre para decenas de municipios, luego de que la saturación del relleno sanitario Morelos, ubicado en la zona de Atlangatepec, provocara interrupciones en el servicio de recolección y obligara a buscar nuevos sitios para depositar los desperdicios.
La problemática se agravó después del cierre de los sitios de Panotla y Huamantla en 2025, así como las restricciones y procesos de clausura registrados durante 2026 en Calpulalpan y Atlangatepec.
El pasado 21 de octubre, el Gobierno de Tlaxcala emitió una declaratoria de emergencia ambiental ante la saturación del relleno sanitario Morelos, con el propósito de implementar medidas extraordinarias y coordinar acciones para atender la disposición de residuos.
La situación llegó a afectar a municipios como Tetla, Españita, Papalotla, Zacatelco, Terrenate y Santa Cruz Tlaxcala, entre otros, donde se anunciaron suspensiones temporales de recolección y se pidió a la ciudadanía mantener la basura dentro de sus domicilios.
- Gobierno amplía plazo para depositar basura en Atlangatepec
Aunque inicialmente se había establecido el 31 de octubre como fecha límite para recibir residuos en Atlangatepec, la falta de alternativas obligó a mantener temporalmente su funcionamiento.
El Gobierno del Estado planteó celebrar nuevos convenios con alrededor de 50 ayuntamientos para permitirles continuar depositando sus desperdicios en ese sitio hasta el 31 de diciembre de 2026.
La medida busca evitar mayores afectaciones a la población, mientras los municipios desarrollan soluciones para el tratamiento y destino final de sus residuos. Paralelamente, algunas administraciones han recurrido a empresas privadas.
- Responsabilidad municipal, pero también obligaciones estatales
La tarjeta informativa de la Secretaría de Medio Ambiente establece una distinción importante: aunque el servicio de disposición final corresponde constitucionalmente a los municipios, la intervención estatal no queda exenta de obligaciones.
En ese sentido, la dependencia reconoce que deben cumplirse tanto las atribuciones ambientales que corresponden legalmente al Gobierno del Estado como los compromisos establecidos en los convenios que mantiene con los ayuntamientos.
Este planteamiento cobra relevancia porque durante años diversos municipios depositaron sus residuos en sitios administrados por el gobierno estatal, una práctica que ahora enfrenta dificultades ante el agotamiento de esos espacios.
La problemática también ha generado cuestionamientos sobre la planeación ambiental y la falta de infraestructura suficiente para atender las necesidades de los 60 municipios.