Mientras los partidos políticos negocian candidaturas, reparten posiciones y calculan escenarios rumbo a 2027, la violencia vuelve a sacudir a Tlaxcala. En las mesas del poder se habla de triunfos electorales; en las calles, las detonaciones de armas de fuego cuentan una historia muy distinta.
En Tlaxcala hoy corren dos carreras: la de quienes buscan llegar al poder y la de una inseguridad que avanza sin pedir permiso.
Mientras el PRD explora una alianza de izquierdas que parece acercarlo cada vez más a Morena; el PT mantiene la incógnita sobre si permanecerá en la alianza gobernante o impulsará un proyecto propio. Luis Vargas González, con influencia en el entorno de Palacio de Gobierno, mueve piezas en busca de posicionar a su grupo político. Al mismo tiempo, PAN y PRI definen estrategias y posibles acuerdos, mientras Movimiento Ciudadano insiste en caminar por una ruta independiente y el coqueteo de una gobernadora por querer colocar a su carta que no pudo en la marca guinda.
En el terreno político se negocian candidaturas y alianzas. En la vida cotidiana, las familias hacen cuentas muy diferentes: cuántas detonaciones escucharon durante la madrugada, qué tan cerca ocurrió el último ataque y cuánto tiempo tardarán en volver a sentirse seguras.
Así transcurre Tlaxcala, entre pactos políticos y hechos de violencia; entre aspirantes que prometen cambiar el rumbo del estado y ciudadanos que esperan algo mucho más básico: poder salir de casa y regresar con vida.
El pasado fin de semana dejó escenas que deberían incomodar a toda la clase política.
En Chiautempan, un hombre fue asesinado a balazos dentro de un automóvil en el barrio de Xaxala. Las detonaciones movilizaron a vecinos, policías, peritos y personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.
Horas después, en Totolac, un motociclista disparó contra una camioneta en la que viajaban un hombre y su hijo de apenas dos años. Los impactos destrozaron los cristales del vehículo y sembraron el miedo en una familia que pudo haber terminado engrosando una estadística más.
Dos municipios gobernados por Morena. Dos ataques armados en cuestión de horas. Y una pregunta inevitable: ¿quién está garantizando realmente la seguridad de los tlaxcaltecas?
Porque una cosa es presumir operativos, reuniones de coordinación y estadísticas oficiales, y otra muy distinta explicar por qué continúan ocurriendo hechos de esta naturaleza.
Mientras la violencia ocupa las calles, la política se adueña de las mesas de negociación.
El próximo 6 de diciembre arrancará formalmente el proceso electoral local rumbo a 2027 y, aunque las urnas aún se encuentran lejos, los partidos ya iniciaron la temporada de acuerdos, cálculos y reacomodos.
En Morena se analiza la posibilidad de mantener una coalición con el PVEM y Nueva Alianza, e incluso sumar al PRD. El PT, por su parte, sigue sin definir públicamente cuál será su ruta electoral.
Las diferencias entre Morena y el partido controlado políticamente por la familia Garay han alimentado versiones sobre una posible ruptura. En ese escenario aparece el nombre del empresario Luis Vargas González, alrededor de quien giran diversas especulaciones sobre eventuales acuerdos con fuerzas como PAC, RSP o Fuerza por México.
El PRI tampoco permanece inmóvil. Sabe que una oposición dividida facilita el camino del partido en el gobierno y que cualquier posibilidad real de competencia pasa por construir alianzas. Su principal figura sigue siendo la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca.
En el PAN, la apuesta comienza a concentrarse en el posicionamiento de Miriam Martínez Sánchez, mientras el dirigente estatal, Ángelo Gutiérrez Hernández, enfrenta el reto de demostrar que Acción Nacional puede trascender su voto tradicional y convertirse en una opción competitiva. El discurso opositor se ha fortalecido a partir del contraste con los resultados de los gobiernos morenistas.
Movimiento Ciudadano, fiel a su estrategia nacional, insiste en competir sin alianzas. La apuesta puede traducirse en identidad propia o en aislamiento político; el tiempo lo dirá.
Entre encuestas, reuniones privadas y fotografías de unidad, cada partido busca la fórmula para acercarse a la gubernatura. Sin embargo, la distancia entre la discusión política y las preocupaciones ciudadanas parece ampliarse.
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LA CAMINERA…¿Y si ganamos Apa, qué hacemos? Hay muchos aspirantes dispuestos a gobernar, pero pocas propuestas concretas para enfrentar la violencia, fortalecer a las policías municipales, mejorar las investigaciones y combatir la impunidad.
Los partidos están concentrados en definir quién será candidato. Mucho menos claro resulta saber qué harán una vez que lleguen al cargo.
La inseguridad, la crisis de la basura, el desabasto de medicamentos y las deficiencias en los servicios públicos deberían ocupar el centro del debate. Con demasiada frecuencia quedan relegados por las disputas internas y los cálculos electorales.
Porque las balas no distinguen colores partidistas.
No preguntan si una familia simpatiza con Morena, el PAN, el PRI o Movimiento Ciudadano.
No esperan el registro de alianzas, ni respetan los calendarios electorales.
Mientras los dirigentes calculan cuántos municipios pueden ganar, los ciudadanos siguen preguntándose cuántas calles pueden recorrer sin miedo.
Esa es, quizá, la distancia más preocupante entre la realidad de los partidos y la realidad de la población.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...La basura no se va de la agenda…Por cuarta semana consecutiva, la crisis de la basura se mantiene como el tema dominante en la conversación pública de Tlaxcala. De acuerdo con el Radar de Conversación Pública de Impulso Mercadológico, del 9 al 15 de noviembre concentró el 16% de las interacciones analizadas, con 51 mil 950 reacciones, de las cuales el 78% reflejó una percepción negativa.
La prórroga para utilizar el sitio de disposición final de Atlangatepec hasta el 31 de diciembre, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, ha incrementado el hartazgo. El problema es que alrededor de 50 municipios siguen sin una alternativa definitiva para depositar sus residuos, mientras el tiempo se agota y las autoridades estatales y municipales continúan trasladándose responsabilidades.
Lo preocupante es que el plazo vencerá en pleno arranque del proceso electoral de 2027, convirtiendo la crisis ambiental en una bomba política para el gobierno estatal y los alcaldes.
Y mientras los partidos negocian alianzas y candidaturas, la basura sigue acumulándose. Porque una prórroga no es una solución y el calendario electoral no detendrá los camiones recolectores.
