La Bestia Política

Plantea Maribel Cervantes revisar multas municipales para evitar cobros calculados con el salario mínimo.

Daniel Angulo | La diputada Maribel Cervantes Hernández presentó una iniciativa para exhortar a los 60 ayuntamientos de Tlaxcala a revisar sus ordenamientos y sistemas de cobro, a fin de garantizar que las multas, sanciones administrativas y otras obligaciones económicas se calculen con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y no en el salario mínimo cuando la legislación establece que debe utilizarse este parámetro.

La propuesta presentada por la integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), parte de la reforma constitucional de 2016, mediante la cual se desvinculó el salario mínimo de la determinación de obligaciones económicas ajenas a su naturaleza laboral.

Sin embargo, señaló que a más de diez años de ese cambio, todavía pueden existir disposiciones municipales que conservan referencias al salario mínimo para establecer multas y otros conceptos de cobro.

La legisladora advirtió que el problema no se limita a que los reglamentos estén desactualizados, sino también a la manera en que las autoridades municipales aplican sus disposiciones.

Por ello, planteó revisar bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares, tabuladores, sistemas informáticos de recaudación, órdenes de pago y procedimientos administrativos.

El documento también señala que utilizar parámetros incorrectos puede afectar económicamente a la ciudadanía y generar controversias por la legalidad de los cobros.

Como antecedente, refiere un caso ocurrido en octubre de 2026 en Zacatelco, donde se cuestionó la aplicación de criterios para determinar una sanción económica.

La iniciativa contempla, además, que los ayuntamientos capaciten y actualicen al personal encargado de calcular, imponer y recaudar multas, particularmente a jueces calificadores y trabajadores de las tesorerías.

Cervantes Hernández precisó que el exhorto no pretende invadir la autonomía de los municipios ni sustituir las facultades de sus cabildos, sino recordarles la obligación de observar el marco constitucional y garantizar que los cobros a particulares tengan fundamento legal.

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