La Bestia Política

Obligan al Congreso a legislar sobre revocación de mandato en Tlaxcala

 David Martínez del Razo presentó una iniciativa para incorporar este mecanismo a la Constitución local pero con efectos vinculantes hasta 2030.

Daniel Angulo

El Congreso de Tlaxcala deberá atender una omisión legislativa y establecer las reglas para que la ciudadanía pueda solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

Para ello, el diputado de Morena, David Martínez del Razo, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca dar cumplimiento tanto al mandato establecido desde 2019 en la Constitución federal como a una sentencia de amparo que ordenó al Poder Legislativo local atender la falta de regulación de este mecanismo.

El proyecto legislativo presentado este martes tiene como antecedente el amparo indirecto 138/2026-O, promovido por una ciudadana tlaxcalteca contra el Congreso del Estado.

El 18 de mayo de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito en Tlaxcala concedió la protección de la justicia federal al considerar que existía una omisión legislativa absoluta, debido a que el Poder Legislativo no había aprobado ni publicado las disposiciones necesarias para garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la gubernatura.

La iniciativa también retoma la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2019, cuyo artículo sexto transitorio ordenó a las entidades federativas adecuar sus constituciones dentro de los 18 meses siguientes, para reconocer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de sus gobernantes. Aunque ese plazo venció sin que Tlaxcala cumpliera con la disposición, la figura continúa sin estar regulada para el Poder Ejecutivo estatal.

Por ello, Martínez del Razo señaló que su propuesta tiene un doble propósito: cumplir con el mandato del Poder Reformador de la Constitución y dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, independientemente de que pudiera existir alguna instancia pendiente de resolución.

En cuanto a las reglas del mecanismo, la iniciativa plantea que la solicitud de revocación de mandato deberá contar con el respaldo de al menos 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del estado, distribuidas en por lo menos la mitad más uno de los municipios. El ejercicio podría realizarse una sola vez durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta.

Para que el resultado sea vinculante, deberá participar al menos 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal y la revocación tendrá que obtener mayoría absoluta.

La jornada no podrá coincidir con procesos electorales o de participación ciudadana, mientras que la organización, verificación de firmas y cómputo corresponderían al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE). Los resultados podrían impugnarse ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

El proyecto también establece que quedará prohibido utilizar recursos públicos para recolectar firmas o promover el procedimiento y que la difusión estará a cargo exclusivamente de la autoridad electoral.

En caso de aprobarse la revocación, la persona que sea designada por el Congreso para sustituir a quien deje el cargo concluirá el periodo constitucional, sin que se convoque a una elección extraordinaria.

Un aspecto relevante es que la propuesta no plantea aplicar retroactivamente el mecanismo a la actual administración; el régimen transitorio establece que será aplicable a partir del periodo constitucional que inicie el 31 de agosto de 2027.

Para ese gobierno, la solicitud podría presentarse entre el 31 de agosto y el 30 de noviembre de 2030, mientras que la jornada se realizaría después de concluido el proceso electoral local ordinario de ese año.

Además, se propone otorgar un plazo de 90 días naturales para expedir la Ley de Revocación de Mandato para el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que el ITE y el Tribunal Electoral cuenten con reglas claras para organizar y resolver los procedimientos relacionados con este mecanismo.

La iniciativa busca reformar los artículos 22, 54, 64 y 95 de la Constitución local, así como incorporar un artículo 29 Bis para establecer las bases de la revocación de mandato.

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