- La panista planteó establecer criterios de cobertura regional y priorizar a las corporaciones con mayores rezagos; actualmente, solo 36.2% de los policías municipales cuenta con Certificado Único Policial.
Daniel Angulo | Casi dos de cada tres policías municipales de Tlaxcala carecen del Certificado Único Policial, una brecha que la diputada del PAN, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, busca atender mediante una reforma para que la Academia de Policía dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) distribuya la capacitación con criterios de cobertura regional y equidad.
La iniciativa toma como referencia el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025, cuyos datos indican que en 2024 únicamente 695 de los mil 919 integrantes de las corporaciones municipales contaban con dicho certificado, equivalente a 36.2 por ciento.
En la exposición de motivos, la legisladora sostuvo que el problema no se resuelve únicamente con disponer de cursos, sino con garantizar que lleguen a las corporaciones que más los necesitan. “Si la profesionalización es una obligación que la ley impone a todas las corporaciones, el acceso a ella debe garantizarse con reglas que no dependan de la capacidad de gestión de cada municipio”, expuso.
Martínez Sánchez advirtió que la legislación vigente no establece criterios suficientes para distribuir la formación entre los ayuntamientos, garantizar cobertura regional ni transparentar qué corporaciones reciben capacitación y cuáles permanecen rezagadas.
Por ello, propuso reformar la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana y la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial para que la Academia estatal organice cursos mediante sedes regionales, programas itinerantes, instalaciones compartidas y modalidades a distancia cuando las características de la formación lo permitan.
La asignación de espacios deberá considerar las brechas de certificación, el número de integrantes de cada corporación, las necesidades operativas, la incidencia delictiva y las barreras territoriales o presupuestarias que dificulten el acceso a los cursos.
Otro aspecto de la enmienda es que los municipios puedan acceder a las acciones formativas programadas sin que se les condicionen aportaciones económicas o materiales.
Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá que publicar información anual sobre los cursos realizados, los lugares asignados, los policías capacitados y las necesidades pendientes por municipio.
La diputada del PAN argumentó que la profesionalización policial debe garantizarse como una obligación institucional y no depender de los recursos o capacidad administrativa de cada ayuntamiento; su proyecto fue enviado a comisiones para su análisis.
