- Propone que las secretarías estratégicas del Gobierno del Estado sean encabezadas por perfiles preparados, con experiencia y conocimiento de la realidad local.
- Áreas como Gobierno, Seguridad, Finanzas y Economía no pueden ser espacios para la improvisación: “Tlaxcala debe ser para las y los tlaxcaltecas”, sentenció.
de septiembre de 2026. Acompañada de expertos en la materia y perfiles ciudadanos, y con el objetivo de construir instituciones que respondan a las necesidades de la población y convertir las leyes en soluciones concretas, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, presentó este miércoles su agenda legislativa “Propuestas para que Tlaxcala funcione mejor”.
La legisladora explicó que su agenda parte de una convicción fundamental: el Congreso del Estado no debe convertirse en una fábrica de normas que terminan archivadas, sino en un espacio capaz de establecer obligaciones claras, señalar responsables y ofrecer resultados que mejoren la vida de las familias tlaxcaltecas.
Confió en el respaldo de sus compañeros diputados para que este proyecto, que recibió el apoyo de más de 300 mil ciudadanos consultados, llegue a buen puerto.
“Las leyes no pueden quedarse en el papel. Deben servir para resolver los problemas de la gente, garantizar derechos y obligar a las instituciones a responder. Tlaxcala necesita menos discursos, menos trámites y más soluciones. Esta agenda nace del toque de puertas durante el receso legislativo, con la finalidad de construirla en común y que responda a lo que necesita la gente”, afirmó.
Entre los principales planteamientos se encuentra establecer perfiles adecuados para encabezar las secretarías estratégicas del Gobierno del Estado, con el propósito de garantizar que áreas como Gobierno, Seguridad, Finanzas y Economía sean dirigidas por personas preparadas, con experiencia y conocimiento de la realidad de Tlaxcala.
“Quienes dirigen estas dependencias toman decisiones que impactan en la vida de los habitantes de los 60 municipios.
Prosiguió,
«Por ello proponemos cinco años de residencia efectiva y experiencia relacionada con el cargo. En Finanzas, el requisito de seis años de experiencia especializada. Tlaxcala debe ser para los tlaxcaltecas, para quienes tengan arraigo y amor por el estado. No queremos preguntar dónde nació el que llega al cargo, sino saber dónde ha construido su compromiso por Tlaxcala, qué experiencia tiene y si realmente conoce las necesidades de nuestra gente. No queremos funcionarios ‘golondrinos’, que parecen venir a hacerle un favor a Tlaxcala”, enfatizó.
Martínez Sánchez aseguró que esta agenda no ofrece soluciones mágicas, sino mecanismos concretos para que las instituciones cumplan sus obligaciones y la ciudadanía pueda exigir resultados.
“Quiero una política que resuelva, no que solamente señale; una política que escuche, actúe y dé resultados. Cada medicamento, cada obra, cada policía y cada servicio público tiene detrás a una persona que espera una respuesta”, subrayó.
El esquema novedoso de la presentación fue que los ejes estuvieron a cargo de especialistas y ciudadanos. El experto en seguridad Raymundo Fragoso Muñoz expuso la creación de una Academia de Formación Policial Municipal, destinada a mejorar la preparación de los elementos que representan el primer contacto de la ciudadanía con las autoridades.
Esta institución permitiría establecer estándares comunes de capacitación, fortalecer la coordinación y garantizar que las policías municipales cuenten con mejores herramientas para proteger a las familias, independientemente del municipio en el que presten sus servicios.
Por su parte, la profesionista Adriana Meléndez Polvo, originaria de La Magdalena Tlaltelulco, planteó promover el regreso de las estancias infantiles mediante un modelo seguro, regulado y supervisado, con centros registrados, personal capacitado, protocolos de actuación y mecanismos claros de prevención y respuesta ante cualquier riesgo.
“Recuperar las estancias infantiles significa respaldar a las madres trabajadoras, proteger a nuestras niñas y niños y ofrecer a las familias espacios dignos y seguros. No se trata únicamente de cuidar, sino de hacerlo con responsabilidad, preparación y sensibilidad”, expresó.
El abogado Luis Miguel Hernández Hernández pidió, en materia de acceso a la justicia, fortalecer y acercar los servicios de la Defensoría Pública a todas las regiones del estado, para que la posibilidad de contar con una defensa profesional no dependa de los recursos económicos de una persona ni de su cercanía con la capital.
Asimismo, propuso facilitar los procedimientos de reparación del daño cuando una institución pública afecte de manera irregular a una persona, evitando que las víctimas tengan que enfrentar procesos burocráticos prolongados para recibir la indemnización que legalmente les corresponde.
“El Estado también debe responder cuando actúa de manera incorrecta. Ningún ciudadano debería recorrer un laberinto burocrático para exigir la reparación de un daño provocado por una autoridad”, sostuvo.
En materia de salud, el médico Carlos Texis Rodríguez, originario de San Luis Teolocholco, con más de 20 años de experiencia en el sector público y más de 30 en el privado, lamentó las condiciones en que se encuentran los centros de salud, sobre todo la atención en el IMSS Bienestar.
Señaló que otro de los ejes prioritarios es garantizar una respuesta efectiva ante el desabasto de medicamentos.
La propuesta contempla impulsar, desde el Congreso del Estado ante el Congreso de la Unión, un sistema nacional público de información de medicamentos que permita consultar por institución dónde se encuentra disponible el medicamento, qué alternativa existe o cuándo podrá ser entregado.
“Cuando una persona llega a un hospital y le dicen que no hay medicamento, el problema no puede terminar en una ventanilla. Detrás de cada receta hay una persona que necesita atención y una familia que espera una respuesta”, subrayó.
En tanto, Jonathtan Sánchez, del municipio de Totolac, con experiencia en la administración pública, aseveró que la agenda legislativa también contempla impulsar contratos abiertos en materia de obra pública, con información accesible para que la ciudadanía pueda conocer y vigilar cada proyecto desde su adjudicación hasta el último pago.
“Una obra pública no termina cuando se coloca la primera piedra o se corta un listón. Cada peso público debe ser vigilado y cada autoridad debe rendir cuentas sobre la manera en que lo utiliza”, puntualizó.