- La iniciativa de la diputada plantea hasta cuatro años de prisión para quienes organicen o convoquen arrancones y de seis meses a tres años para quienes compitan; también contempla agravar las penas si hay personas lesionadas o fallecidas.
Daniel Angulo | La diputada Madai Pérez Carrillo presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con penas de prisión para quienes participen en arrancones clandestinos en la vía pública y sanciones mayores para quienes las organicen, convoquen o patrocinen.
La propuesta presentada este martes en el Congreso del Estado, surge después del choque múltiple registrado la madrugada del 3 de octubre en el bulevar Ocotlán, en la capital del estado, donde, de acuerdo con los antecedentes citados por la legisladora, una joven de 22 años resultó lesionada durante una carrera clandestina convocada mediante redes sociales.
En la exposición de motivos, Pérez Carrillo advirtió que estas prácticas ponen en riesgo a peatones, vecinos y conductores que no participan en las competencias. Además, señala que, aunque los arrancones están prohibidos por las disposiciones de movilidad y tránsito, la respuesta jurídica actual se concentra en sanciones administrativas.
La iniciativa plantea incorporar al Código Penal un capítulo específico sobre competencias vehiculares ilícitas en la vía pública.
Para quienes compitan sin autorización en calles abiertas a la circulación o en lugares donde haya personas ajenas a la conducción, propone de seis meses a tres años de prisión, multas y suspensión del derecho a conducir de uno a tres años.
El castigo sería mayor para quienes organicen, convoquen —incluso por medios digitales—, patrocinen o faciliten vehículos y bienes para realizar estas competencias, siempre que el evento llegue a iniciarse. En esos casos, la iniciativa propone de uno a cuatro años de prisión.
Las sanciones aumentarían hasta en una mitad cuando las carreras se realicen cerca de escuelas, hospitales o zonas habitacionales; cuando los conductores estén bajo los efectos del alcohol o las drogas; participen menores de edad; se utilicen vehículos del transporte público o se circulen con placas alteradas, ocultas o que no correspondan a la unidad.
La propuesta también contempla penas de cinco a diez años de prisión por homicidio culposo cometido durante una competencia vehicular ilícita, además de multas y suspensión de la licencia hasta por diez años. Si durante estos hechos se producen lesiones, las penas correspondientes aumentarían en una mitad.
La legisladora sostuvo que la reforma no busca criminalizar cualquier competencia automovilística. Los eventos autorizados quedarían excluidos, al igual que las personas que únicamente asistan como espectadoras.
“La presente iniciativa no penaliza toda competencia”, expone el documento, que plantea reservar la intervención penal para las conductas que generen un riesgo para terceros y para quienes hagan posible la organización de los arrancones.
La iniciativa también prevé que estos delitos se investiguen de oficio y que, cuando se utilicen unidades concesionadas del transporte público, se dé vista a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que determine los procedimientos administrativos correspondientes.