- La diputada cuestionó los cobros anuales por refrendo de licencias y dictámenes de uso de suelo; sostuvo que los ayuntamientos carecen de facultades legales para exigir su renovación periódica cuando no existen cambios en las condiciones del inmueble.
Daniel Angulo | Al menos 10 de las 40 Leyes de Ingresos Municipales aprobadas para el ejercicio fiscal 2027 contienen disposiciones que podrían vulnerar los derechos de los contribuyentes, al establecer cobros anuales por el refrendo de licencias y dictámenes de uso de suelo, advirtió la diputada local Laura Yamili Flores Lozano.
La legisladora señaló que estas disposiciones presentan vicios de inconstitucionalidad, debido a que obligan a los ciudadanos a pagar periódicamente por permisos que, por su naturaleza, no requieren renovarse cada año, siempre que se mantengan las condiciones bajo las cuales fueron autorizados.
Los municipios en los que identificó esta irregularidad son San Lucas Tecopilco, Santa Catarina Ayometla, Panotla, San Francisco Tetlanohcan, San José Teacalco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Teolocholco, Tetla de la Solidaridad, Zitlaltépec y Calpulalpan.
Flores Lozano explicó que los dictámenes de uso de suelo acreditan la compatibilidad de un predio con los planes de desarrollo urbano y, por regla general, se expiden por tiempo indefinido, pues están relacionados con las características físicas del inmueble y no con el transcurso de los años.
“El dictamen de uso de suelo acredita la compatibilidad del uso del predio autorizado con los planes de desarrollo urbano. Por lo tanto, si no ha cambiado el uso de suelo autorizado y los planes o programas de desarrollo urbano, atlas de riesgo u otras disposiciones aplicables siguen sin modificación, no existe justificación legal para cobrar un refrendo”, argumentó.
La diputada también sostuvo que estos permisos se conceden antes de iniciar una construcción o poner en operación un proyecto, como parte de la evaluación de su factibilidad.
Una vez que el particular obtiene la autorización y realiza una inversión, adquiere un derecho legítimo que no puede quedar sujeto a renovaciones anuales sin fundamento legal.
Añadió que ni la Ley de Construcción, ni el Código Financiero, ni la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala facultan expresamente a los ayuntamientos para establecer una caducidad de estos permisos o exigir su refrendo periódico.
Por esa razón, la legisladora votó en contra de los dictámenes de las 10 leyes municipales presentados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización, además de solicitar que se invalidaran esos cobros, al considerar que transgreden el principio de irretroactividad de la ley y los derechos adquiridos, protegidos por el artículo 14 de la Constitución federal.
A su juicio, mientras no se modifique el uso autorizado del inmueble o las disposiciones urbanísticas que sustentaron la licencia, los municipios no tienen justificación para imponer un nuevo pago por un trámite que ya fue otorgado.