Gobierno subestima sistemáticamente ingresos anuales; en 2023 lo hizo en 16.7% más: IMCO
* Lo anterior refleja deficiencias persistentes en la programación y planeación de recursos, sin que el Congreso local tenga mayor participación en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, sostiene el centro de investigación
En los últimos 9 años, el gobierno del estado ha subestimado de manera sistemática sus ingresos en un promedio de 12.9 por ciento, lo que evidencia una ausencia de controles y mecanismos de seguimiento a las adecuaciones presupuestarias del Poder Ejecutivo estatal, así como una mayor participación del Congreso local en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, de acuerdo con estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), centro de investigación política pública.
De hecho, en esos 9 años Tlaxcala es una de las tres entidades federativas, junto con Guerrero y Morelos, que reportaron ingresos superiores en más de 12.9 por ciento a los estimados, lo que refleja deficiencias persistentes en la programación y planeación de sus recursos.
En 2023, el porcentaje de variación entre el gasto aprobado y el ejercido fue de 16.7 por ciento, pues fue aprobado un presupuesto por el orden de los 25.6 mil millones de pesos, mientras que lo ejercido fue de 29.9 mil millones. Es decir, 4.3 mil millones de pesos más.
Lo anterior deriva en que el Congreso local, que aprobó los presupuestos de egresos estatal, no tiene injerencia alguna en la autorización de modificaciones a las partidas de gasto público, las cuales pueden distorsionar significativamente los objetivos y metas plasmadas.
De acuerdo con el IMCO, para el ejercicio fiscal de 2023 el gobierno estatal tenía aprobado un presupuesto de 15.74 mil millones de pesos para desarrollo social y terminó erogando 18.85 mil millones, es decir 19.79 por ciento más; en el gasto al rubro de Gobierno se tenía contemplado ejercer 4.31 mil millones y se terminaron ejerciendo 5.10 mil millones, que equivalen a un aumento de 18.33 por ciento; mientras que para desarrollo económico le fueron aprobados al Ejecutivo 0.73 mil millones de pesos y ejerció un monto de 0.70 mil millones, un porcentaje negativo de 3.91 por ciento; en tanto que a otra funciones no clasificadas fueron aprobados 4.79 mil millones y ejerció 5.20 mil millones, es decir 8.45 más recursos.
Todo lo anterior se deriva de un trabajo de investigación realizado por el IMCO, denominado “¿Cómo gastan los estados? Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2024”, en el que se establece que el gasto adicional, si no es fiscalizado adecuadamente por el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), “puede dar lugar a un uso discrecional de los recursos públicos al destinarse a partidas o conceptos no previstos en la legislación vigente”.
En su investigación, el IMCO subraya que a partir del contraste entre lo que aprueban las legislaturas locales y lo que se observa al término de cada ejercicio fiscal, es posible verificar si el proceso de recaudación y ejercicio del gasto se alinea con lo aprobado por los congresos locales, identificar deficiencias en la planificación o ejecución de los recursos públicos, valorar el rol de los congresos locales como contrapesos en el ejercicio del gasto público local y determinar si los gobiernos estatales cumplen sus promesas de gasto.
El IMCO observa que en la práctica es común que en el transcurso de un ejercicio fiscal determinado, los gobiernos estatales realicen ajustes (ampliaciones y/o reducciones) a los montos originalmente autorizados por los Congresos locales en los presupuestos de egresos, lo cual quiere decir que existen partidas o conceptos de gasto donde el monto finalmente ejercido es considerablemente mayor o menor que el aprobado, sin que los congresos locales intervengan necesariamente de forma activa en la autorización de tales cambios.
Ello se debe, explica, a que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que define criterios generales de responsabilidad hacendaria para los gobiernos subnacionales, no establece límites a las modificaciones (ampliaciones o reducciones) que las Secretarías de Finanzas pueden hacer al presupuesto de las partidas de gasto estatal.
Esta ley solo señala que los gobiernos estatales podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en sus presupuestos de egresos, siempre y cuando se compensen con reducciones en otras previsiones de gasto o con cargo a los ingresos excedentes que obtengan, si cuentan únicamente con la autorización previa de sus secretarías de finanzas.
“Esto significa que los integrantes de los Congresos locales que aprobaron los Presupuestos de Egresos estatales no tienen mayor injerencia en la autorización de modificaciones a las partidas del gasto público, las cuales pueden distorsionar de forma significativa los objetivos y metas plasmadas en dichos presupuestos”.
Así, para un mayor control del gasto público estatal, el IMCO propone dos cosas esenciales:
-Establecer controles y mecanismos de seguimiento a las adecuaciones presupuestarias de los poderes ejecutivos estatales.
-Modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y las leyes locales para regular las variaciones entre los montos aprobados y ejercidos por los gobiernos estatales.
-Si las adecuaciones presupuestarias exceden 15 por ciento del presupuesto aprobado, la Secretaría de Finanzas del estado justifique y someta la propuesta de ampliación o reducción presupuestal a la autorización del Congreso local.
-Mayor participación de los Congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto. Los Congresos locales, junto con los órganos locales de fiscalización, deben cumplir su función de contrapeso al monitorear y fiscalizar debidamente las variaciones observadas entre los montos aprobados en los presupuestos de egresos y los montos ejercidos que se reportan en los informes trimestrales y cuentas públicas que los ejecutivos locales les remiten.
