Fabiola MÁRQUEZ / Papalotla, Tlaxcala.— Vecinos del municipio de Papalotla denunciaron públicamente que Indalecio Saucedo Sánchez, líder transportista en el estado de Tlaxcala, habría invadido un terreno en una zona de barranca cercana a su domicilio. De acuerdo con los testimonios recabados, la acción se habría realizado sin los permisos correspondientes ni estudios de impacto ambiental.
La zona en cuestión se encuentra bajo jurisdicción municipal, estatal y federal, por lo que las autoridades competentes —entre ellas el Ayuntamiento de Papalotla, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— están obligadas a revisar si existen violaciones a la normatividad vigente.
“¿Qué más se necesita para actuar? ¿Cuánto más hay que tolerarle a este señor que se cree por encima de la ley?”, expresaron.
Este señalamiento se suma a diversas acusaciones documentadas por transportistas en activo, quienes afirman que el liderazgo de Saucedo se ha sostenido durante años mediante relaciones políticas con exfuncionarios y exgobernadores.
Según los testimonios, durante las administraciones de Alfonso Sánchez Anaya y Héctor Ortiz Ortiz se le habrían entregado bienes públicos —como un vehículo y una propiedad en Apetatitlán— bajo el argumento de apoyar al gremio transportista.
“El señor se ha convertido en un cacique, con la complacencia de las autoridades. Es la viva imagen del caciquismo anacrónico que tanto daño le ha hecho a Tlaxcala. Por años se ha beneficiado de un sistema podrido, disfrazando de liderazgo gremial lo que en realidad es control político”, declararon los quejosos a este medio.
Actualmente, dicha propiedad es utilizada por un familiar directo del dirigente, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso real de los recursos destinados al sector.
Las investigaciones sobre el caso de Papalotla aún no han sido confirmadas oficialmente por ninguna instancia de gobierno. Sin embargo, pobladores insisten en que existen elementos suficientes para solicitar la intervención de las autoridades ambientales y de control territorial.
El caso ha generado reacciones entre integrantes del sector transporte y diversos actores sociales, quienes demandan una revisión a fondo de los bienes que han sido entregados por el Estado a asociaciones gremiales y su actual uso. También solicitan transparencia sobre la legalidad de las construcciones realizadas en zonas federales y barrancas.
“Basta ya. El transporte no puede seguir secuestrado. El territorio no puede seguir siendo loteado por líderes nefastos. Y la ley no puede seguir siendo selectiva. Es hora de que Indalecio Saucedo Sánchez sea investigado y, sobre todo, retirado para siempre de la escena pública. Tlaxcala merece mucho más”, concluyeron.
Hasta el momento, no se ha emitido postura oficial por parte de Indalecio Saucedo Sánchez ni de las autoridades mencionadas en la denuncia.
