Ciudad de México, 11 de agosto de 2025.
Fabiola MÁRQUEZ/ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un órgano transitorio que tendrá la misión de abrir un proceso nacional de consulta, análisis y debate para proponer modificaciones al sistema electoral mexicano. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece que la comisión deberá instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo que el Ejecutivo determine su disolución antes.
La nueva instancia estará presidida por Pablo Gómez Álvarez como presidente ejecutivo, designado directamente por la mandataria. Integrarán el grupo la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia, la Coordinación de Asesores y la Coordinación General de Política y Gobierno. También podrá invitar a organismos autónomos, instituciones académicas, organizaciones sociales y representantes de los tres órdenes de gobierno, quienes participarán con voz, pero sin voto.
Objetivos y alcances
De acuerdo con el decreto, la Comisión tendrá como funciones:
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Convocar a la ciudadanía a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para el país.
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Elaborar estudios y propuestas de reforma.
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Organizar foros, debates y audiencias públicas en distintas ciudades.
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Realizar consultas presenciales y en línea.
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Publicar críticas, opiniones y propuestas en un portal oficial abierto.
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Difundir y discutir el sistema electoral mexicano en eventos nacionales.
La mandataria subrayó que no habrá recursos extraordinarios para su funcionamiento: “Si acaso, cuando se realicen los foros, vamos a pedir apoyo a los gobiernos estatales y municipales”. Cualquier gasto se cubrirá con el presupuesto autorizado a las dependencias participantes.
Temas a discusión.
El temario general de trabajo incluye, entre otros puntos:
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Libertades políticas y representación del pueblo.
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Régimen de partidos, financiamiento y fiscalización de recursos.
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Regulación de la competencia político-electoral y efectividad del sufragio.
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Libertad de difusión de opiniones e ideas.
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Propaganda gubernamental.
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Sistema de votación y cómputos dentro y fuera del país, incluyendo voto electrónico.
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Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.
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Requisitos de elegibilidad e inmunidad de funcionarios electos.
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Consultas populares y revocación de mandato.
Calendario de trabajo.
La Comisión aplicará encuestas nacionales y publicará sus resultados en octubre de 2025. Las conclusiones y propuestas finales serán entregadas a la Presidencia en enero de 2026.
Argumentos del Ejecutivo.
En el decreto, Sheinbaum señala que México vive “un proceso de grandes cambios” en el que “el protagonista central de esta transformación es y ha sido el pueblo”, y considera incongruente que el régimen de partidos y la organización de autoridades electorales permanezcan sin modificaciones profundas pese a las reformas recientes en otros poderes del Estado.
El documento enfatiza que el objetivo no es solo preservar la estabilidad política, sino garantizar un sistema democrático donde todas y todos ejerzan sus derechos con libertad y respeto al voto libre, como base para que minorías políticas puedan convertirse en mayoría mediante la decisión ciudadana.
Pablo Gómez coincidió en que la reforma debe responder a las condiciones políticas actuales y aseguró que “la discusión de los sistemas políticos no es asunto exclusivo de quienes se dedican a la política, sino que atañe a la ciudadanía en su conjunto”.
