Ana Lilia Rivera Rivera *<\/p>\n
La aprobaci\u00f3n de la nueva Ley General de Aguas marca, sin dudas, un momento decisivo para el futuro del pa\u00eds. En medio de una crisis h\u00eddrica que dej\u00f3 de ser una advertencia t\u00e9cnica para convertirse en una realidad cotidiana \u2014visible en presas semivac\u00edas, acu\u00edferos sobreexplotados y conflictos sociales crecientes\u2014, M\u00e9xico decidi\u00f3 actualizar su marco legal para reconocer, sin ambig\u00fcedades, que el agua es un derecho humano y un bien p\u00fablico cuya gesti\u00f3n debe regirse por criterios de equidad, sostenibilidad y visi\u00f3n de largo plazo.<\/p>\n
Durante d\u00e9cadas, el pa\u00eds oper\u00f3 con un modelo de administraci\u00f3n del agua que permiti\u00f3 la concentraci\u00f3n de concesiones, la sobreexplotaci\u00f3n de fuentes subterr\u00e1neas y una d\u00e9bil planeaci\u00f3n frente al crecimiento poblacional y el cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n
La nueva Ley de Aguas no surge de la improvisaci\u00f3n ni del capricho pol\u00edtico. Es el resultado de diagn\u00f3sticos acumulados, advertencias cient\u00edficas y una realidad que ya no admite postergaciones. Colocar el consumo humano como prioridad no es una postura ideol\u00f3gica, sino una decisi\u00f3n \u00e9tica y racional, pues sin agua no hay vida, ni salud p\u00fablica, ni desarrollo econ\u00f3mico posible.<\/p>\n
Desde esta perspectiva, la ley representa un avance institucional relevante, debido a que fortalece la rector\u00eda del Estado en un recurso estrat\u00e9gico, establece reglas m\u00e1s claras y transparentes para el otorgamiento y revisi\u00f3n de concesiones, y busca ordenar el uso del agua bajo un principio b\u00e1sico: garantizar su disponibilidad hoy, pero tambi\u00e9n para las pr\u00f3ximas generaciones. En un contexto de estr\u00e9s h\u00eddrico creciente, esta visi\u00f3n no solo es deseable, sino indispensable.<\/p>\n
Parad\u00f3jicamente, quienes m\u00e1s deber\u00edan valorar esta l\u00f3gica de sostenibilidad son los propios sectores productivos, incluido el campo. La agricultura, la industria y los servicios dependen directamente de un manejo responsable del agua. Sin una regulaci\u00f3n eficaz y una planeaci\u00f3n de largo plazo, no hay actividad econ\u00f3mica que pueda sostenerse. Defender el uso irracional del recurso equivale, en los hechos, a hipotecar el futuro productivo del pa\u00eds.<\/p>\n
Por ello resulta preocupante que, frente a la aprobaci\u00f3n de la ley, algunos grupos hayan optado por anunciar cierres carreteros como mecanismo de presi\u00f3n. La inconformidad y la cr\u00edtica son leg\u00edtimas en cualquier democracia; el bloqueo de carreteras, no. Afectar a terceros, paralizar la movilidad, interrumpir cadenas de suministro y generar p\u00e9rdidas econ\u00f3micas no construye soluciones ni fortalece ninguna causa. Por el contrario, erosiona la simpat\u00eda social, profundiza los conflictos y desv\u00eda la atenci\u00f3n del debate de fondo.<\/p>\n
En una democracia, la presi\u00f3n no puede sustituir al di\u00e1logo. La defensa de intereses sectoriales debe expresarse en los cauces institucionales, con argumentos t\u00e9cnicos, datos verificables y propuestas concretas. El gobierno federal ha mostrado disposici\u00f3n para escuchar inquietudes, aclarar alcances y, en su caso, ajustar los mecanismos de implementaci\u00f3n de la norma. Ese es el espacio donde deben procesarse las diferencias: en mesas de trabajo, con corresponsabilidad y una visi\u00f3n de pa\u00eds que trascienda coyunturas.<\/p>\n
Por eso es positivo y alentador que los integrantes del Movimiento Agr\u00edcola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano hayan anunciado que la jornada de protestas, que incluy\u00f3 bloqueos carreteros y manifestaciones en varios estados, cumpli\u00f3 su objetivo al abrir un espacio de di\u00e1logo con las autoridades.<\/p>\n
M\u00e9xico enfrenta un desaf\u00edo h\u00eddrico may\u00fasculo que no admite soluciones simplistas ni respuestas viscerales. Postergarlo o enfrentarlo desde la confrontaci\u00f3n solo nos acerca a escenarios de mayor escasez, desigualdad y conflicto social. La nueva Ley de Aguas abre una oportunidad hist\u00f3rica para ordenar el uso del recurso m\u00e1s valioso que tenemos y para transitar hacia un modelo m\u00e1s justo y sostenible.<\/p>\n
Aprovechar esta oportunidad exige altura de miras, voluntad de di\u00e1logo y la convicci\u00f3n de que el acuerdo siempre ser\u00e1 un mejor camino que el bloqueo. El agua, al final, no distingue ideolog\u00edas ni sectores: nos involucra a todos y nos obliga, como sociedad, a actuar con responsabilidad.<\/p>\n
Senadora de la Rep\u00fablica por el Estado de Tlaxcala *<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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