La administraci\u00f3n p\u00fablica no solo se eval\u00faa por sus resultados visibles, sino tambi\u00e9n por la manera en que gestiona la opacidad, las se\u00f1ales pol\u00edticas y, sobre todo, los perfiles que decide mantener o promover en cargos de responsabilidad. El reciente nombramiento de Ricardo Peralta Saucedo como titular de Casa Tlaxcala en la Ciudad de M\u00e9xico y la reacci\u00f3n del gobierno estatal ante los se\u00f1alamientos que ligan con una presunta red de huachicol constituyen un caso de manual sobre c\u00f3mo un gobierno puede, mediante declaraciones vac\u00edas de sustento jur\u00eddico, legitimar la impunidad de facto.<\/p>\n
Lo ocurrido en la conferencia de Antonio Mart\u00ednez Vel\u00e1zquez, vocero estatal, es sintom\u00e1tico. Ante la evidencia de un reportaje period\u00edstico s\u00f3lido \u2014que sit\u00faa a Peralta en un organigrama de contrabando de combustible, con acceso a puertos clave durante su paso por la Agencia Nacional de Aduanas\u2014, la respuesta oficial no fue el deslinde, sino el refugio en el formalismo m\u00e1s burdo: \u201cno hay denuncia formal\u201d, \u201cno existe investigaci\u00f3n judicial en curso\u201d. Este argumento, repetido hasta el cansancio, confunde deliberadamente dos planos que cualquier funcionario p\u00fablico deber\u00eda distinguir: el \u00e1mbito de la responsabilidad penal y el \u00e1mbito de la responsabilidad pol\u00edtica y \u00e9tica.<\/p>\n
Porque el Estado no necesita esperar una sentencia condenatoria para apartar de sus filas a un servidor p\u00fablico cuando existen indicios razonables, period\u00edsticamente documentados, de su participaci\u00f3n en redes il\u00edcitas. M\u00e1s a\u00fan cuando ese servidor ya arrastra un historial p\u00fablico de se\u00f1alamientos similares. El gobierno de Tlaxcala, al ampararse en la ausencia de un proceso judicial, est\u00e1 enviando un mensaje perverso: mientras no haya una denuncia formal, cualquier perfil \u2014por m\u00e1s v\u00ednculos con estructuras de corrupci\u00f3n que le se\u00f1ale la prensa\u2014 es apto para representar los intereses de una entidad en la capital del pa\u00eds.<\/p>\n
Desde su nombramiento y cuestionado por este medio, el vocero, en su intento por desactivar la pol\u00e9mica, incurri\u00f3 en contradicciones reveladoras. Por un lado, asegur\u00f3 que Peralta no ser\u00eda \u201coperador pol\u00edtico\u201d de cara al proceso electoral de 2027, pero al mismo tiempo justific\u00f3 su nombramiento en virtud de \u201clas relaciones, los contactos que tiene\u201d y su capacidad para \u201cfacilitar el di\u00e1logo entre varios actores\u201d. \u00bfQu\u00e9 es un operador pol\u00edtico sino alguien que, desde un cargo p\u00fablico, utiliza su red de contactos para tejer alianzas e influir en la toma de decisiones?, pero demos el beneficio de la duda en ese tema.<\/p>\n
Sin embargo, desde mi punto de vista, m\u00e1s grave resulta la defensa basada en que \u201cno fue inhabilitado ni sancionado por ninguna instancia\u201d por su presunta relaci\u00f3n con un red del huachicol.<\/p>\n
Ese argumento normaliza una l\u00f3gica seg\u00fan la cual la permanencia en el cargo depende \u00fanicamente de la existencia de una resoluci\u00f3n administrativa o judicial previa, y no de la elemental exigencia de integridad que debe presidir la funci\u00f3n p\u00fablica. Si acaso el propio Mart\u00ednez Vel\u00e1zquez reconoci\u00f3 \u2014cuando dijo que no \u201cmeter\u00eda las manos al fuego\u201d por Peralta\u2014 que la confianza en este personaje no es total, \u00bfc\u00f3mo puede entonces sostenerse que su permanencia es incuestionable?<\/p>\n
Detr\u00e1s de este blindaje hay una operaci\u00f3n pol\u00edtica clara. La gobernadora Lorena Cu\u00e9llar Cisneros apuesta por un perfil con experiencia en el gobierno federal, con capacidad de interlocuci\u00f3n en la Ciudad de M\u00e9xico, aunque eso implique arrastrar el costo de tener en sus filas a un personaje cuya trayectoria ha quedado marcada por el esc\u00e1ndalo del huachicol. El problema no es solo la impunidad, sino la normalizaci\u00f3n. Que el gobierno estatal califique de \u201cmedi\u00e1tico\u201d un reportaje con sustento documental no es una defensa; es un desprecio al periodismo de investigaci\u00f3n y una afrenta a la ciudadan\u00eda que espera rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
Las instituciones no se desmoronan solo por los delitos cometidos en su interior, sino por la indiferencia con la que sus titulares deciden mirar hacia otro lado cuando los indicios de corrupci\u00f3n aparecen. Tlaxcala, una entidad que ha pugnado por consolidar un proyecto de transformaci\u00f3n, no puede permitirse que sus representantes sean aquellos a quienes ni siquiera sus superiores est\u00e1n dispuestos a defender con convicci\u00f3n.<\/p>\n
Mientras el gobierno estatal insista en que mientras no haya sentencia no hay nada que aclarar, la lecci\u00f3n que queda es clara: en Tlaxcala, la lealtad pol\u00edtica pesa m\u00e1s que la honestidad, y el cargo p\u00fablico puede seguir siendo un escudo contra la rendici\u00f3n de cuentas. As\u00ed no se construye transformaci\u00f3n; se heredan las peores pr\u00e1cticas del pasado, se lo digo as\u00ed, sin maquillaje, ni retoques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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