Me voy a referir a los hechos divulgados en diversos medios de comunicación, respecto a los hechos de violencia cometidos por el Primer Regidor del ayuntamiento del municipio de Tlaxcala, en contra de la esposa de dicha persona.
Se trata de un hecho que no puede pasar desapercibido, toda vez que, además de ser hechos cometidos en contra de una mujer, la conducta es la de un servidor público,
En este sentido, tanto la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Ley Local, en relación con las disposiciones del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, que tipifica los delitos de Violencia Familiar y de Género, deben de cumplirse a cabalidad, toda vez que, la condición de servidor público de la persona señalada como agresora, adquiere una dimensión distinta a la un ciudadano común, puesto que los servidores públicos debieran ser ejemplo de conductas apegadas a la ley y a la moral, máxime cuando se trata no solo de la violencia hacia una mujer, sino a la esposa misma del servidor público.
Es un hecho que no puede pasar desapercibido, pues además de estar en los medios de comunicación, los que han publicitado la información e imágenes del agresor y su víctima, resultan de interés público al ser el señalo como autor de la conducta ilícita, uno de los representantes que integran el ayuntamiento de la capital del Estado, los que, sin pedirles que sean perfectos en su actuar, sí en cambio, sus conductas tanto como servidores públicos como en sus relaciones familiares y personales, debieran ser apegadas a la legalidad y al respeto a la integridad física y moral de las demás personas y de sus familiares en lo particular.
Por lo anterior, desde esta Tribuna, hago un enérgico llamado a las autoridades ministeriales y quienes tengan competencia sobre la violencia familiar y de género en contra de las mujeres, a que no solo investiguen los actos vergonzantes dados a conocer, sino que, apliquen estrictamente la ley, pues de nada sirve que este Congreso haya legislado para garantizar a las mujeres no ser víctimas de ningún tipo de violencia y, cuando ésta ocurre, sobre todo cuando está involucrado un servidor público, solo se hagan declaraciones genéricas y hasta exculpatorias, y no se propicie ninguna medida de protección ni mucho menos se sancione la conducta agresora.
Para empezar, el regidor involucrado en los hechos dados a conocer, debiera solicitar licencia a su cargo, a efecto de permitir que las autoridades competentes tengan plena libertad para realizar sus investigaciones, apliquen las medidas de protección necesarias y, en su caso, se sancione la conducta agresora.
