La mañanera del jueves nos dejó una imagen que dio mucho de qué hablar: la presidenta Claudia Sheinbaum proyectando una tabla donde Tlaxcala podía percibirse como uno los Congresos locales más “caro” del país, con un costo de más de 16 millones de pesos por cada uno de sus 25 diputados. La cifra, contundente y escandalosa, encendió las alertas sobre los privilegios legislativos y dio fuerza a su anunciado “Plan B” para achicar el gasto político.
Sin embargo, como suele ocurrir cuando se tocan los bolsillos del poder, la respuesta no se hizo esperar. Ever Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso de Tlaxcala, salió al paso para desmentir la versión presidencial con un argumento que, a primera vista, también tiene lógica: “Un presupuesto de un poder no se divide entre los titulares”. En otras palabras, los 408 millones de pesos que recibe la Legislatura local no son para repartir entre 25 personas, sino para sostener una estructura que incluye trabajadores de base, personal de confianza, prestaciones, servicios y, según enfatizó Campech, la gestión social que cada diputado realiza en su distrito: apoyos a escuelas, comités de feria, emergencias de salud, etc.
¿Quién tiene razón? Probablemente ambos, aunque mirando desde ángulos distintos. Sheinbaum utiliza un indicador grueso —el presupuesto total dividido por el número de legisladores— que sirve como un termómetro ciudadano para medir la eficiencia del gasto público. Si un congreso cuesta 16 millones por representante, es natural que el contribuyente se pregunte si ese dinero se traduce en leyes y beneficios proporcionales. Sobre todo cuando entidades más pobladas, como Veracruz, con 50 diputados y un presupuesto similar per cápita, operan con una estructura comparativamente más austera.
Por su parte, el argumento del legislador tlaxcalteca introduce un matiz necesario: el costo de la representación popular no se limita a la dieta del diputado. Detrás de cada escaño hay oficinas, asesores, personal administrativo, instalaciones y, en este caso concreto, partidas destinadas a apoyos directos a la ciudadanía. Campech Avelar asegura que en Tlaxcala no hay bonos ni viáticos especiales, y que los salarios no han aumentado en años. Incluso compara: así como no se puede dividir el presupuesto del Ejecutivo entre sus secretarías y decir que cada una maneja miles de millones, tampoco sería justo reducir la complejidad del Legislativo a una simple operación aritmética.
Pero cuidado: el matiz no debe convertirse en una cortina de humo. Que el presupuesto no sea un ingreso personal no significa que no sea un gasto público sujeto a escrutinio. La ciudadanía tiene derecho a saber si esos 408 millones se distribuyen de manera óptima o si, por el contrario, hay duplicidades, plazas innecesarias o partidas discrecionales que podrían recortarse sin afectar la función sustantiva del Congreso. El propio Campech reconoce que están abiertos a analizar la iniciativa presidencial, y eso es positivo.
El fondo del debate no es si Sheinbaum “miente” o si los diputados “se defienden”. Lo relevante es que, por fin, se está discutiendo abiertamente el costo de la política en México. Durante décadas, los presupuestos de los Congresos locales fueron cajas negras que crecían año con año sin mayor cuestionamiento. Hoy, gracias a ejercicios de transparencia como el de la presidenta —con todas las reservas metodológicas que se quieran—, los reflectores están puestos sobre esos recursos.
Lo ideal sería que ambas partes, en lugar de enfrascarse en un “sí, pero no”, aprovecharan la coyuntura para sentarse a revisar partida por partida. Que los legisladores expliquen a detalle en qué se gasta cada peso, y que el Ejecutivo afine su propuesta para que no se estigmatice la gestión social —que, como bien dice Campech, no es un privilegio—, sino que se ataque el gasto superfluo y la opulencia donde realmente exista.
Mientras tanto, el ciudadano común se queda con la duda: si en Tlaxcala cada diputado cuesta 16 millones al año, pero el servicio que recibe a cambio no siempre se refleja en mejores leyes o atención de calidad, algo está fallando. Y ese “algo” es lo que debe corregirse, más allá de los titulares y las descalificaciones, se lo digo así, sin maquillaje, ni retoques.
