Mariana LOVERA | El colectivo Mujeres en Consenso exigió al Gobierno del Estado de Tlaxcala reconocer y sancionar las expresiones atribuidas al secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, en contra de la diputada Miriam Martínez Sánchez, al considerar que constituyen violencia política en razón de género.

A través de un pronunciamiento, el grupo señaló que las expresiones utilizadas por el funcionario buscan desacreditar, minimizar y ridiculizar a la legisladora en el ejercicio de su cargo, por lo que advirtió que este tipo de conductas no deben normalizarse dentro de las instituciones públicas.

El colectivo sostuvo que la violencia contra las mujeres no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que también puede manifestarse mediante la infantilización, minimización y ridiculización de quienes desempeñan responsabilidades públicas.

En este sentido, cuestionó que las expresiones provengan de un integrante del gabinete estatal, pues, afirmó, esto evidencia la necesidad de fortalecer la capacitación de los servidores públicos en materia de perspectiva de género y erradicar prácticas que calificó como patriarcales.

Mujeres en Consenso” recordó que tanto la legislación federal como las normas locales establecen obligaciones para prevenir, atender y sancionar conductas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por ello, demandó al Gobierno estatal reconocer los hechos, sancionar las conductas señaladas y garantizar que ninguna mujer que ejerza un cargo público sea objeto de descalificaciones, burlas o expresiones que menoscaben su autoridad.

El pronunciamiento también hizo un llamado a las mujeres que ocupan cargos públicos y participan en la toma de decisiones para romper, dijo el colectivo, con los “pactos patriarcales de impunidad” y actuar en defensa de la dignidad de las mujeres.

Finalmente, pidió una muestra de sororidad por parte de quienes integran el gabinete legal y ampliado, a fin de evitar que este tipo de expresiones vuelvan a presentarse contra mujeres que ejercen responsabilidades políticas en Tlaxcala.

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