La reactivación del número 089 para denunciar de manera anónima delitos como secuestro, trata de personas, extorsión, violencia de género, acoso sexual, robo de auto partes, entre otros, se convertirá en una herramienta eficaz para hacer frente a los delitos en Tlaxcala y fortalecer las acciones de seguridad que permitan garantizar la protección de las y los ciudadanos, sostuvo la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros.
Este viernes Tlaxcala fue sede del relanzamiento del número de emergencia en la región centro, en la que participaron representantes del Estado de México, Puebla y Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Guerrero, evento en el que Cuéllar Cisneros reconoció que la seguridad pone a prueba la solidez de las instituciones, en la que la capacidad de los municipios y la respuesta inmediata del Estado es crucial para salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y preservar la paz.
Comentó que el número de emergencia reforzarán en gran medida las acciones para la obtención de mejores resultados y a la capacidad de respuesta por parte de las corporaciones policiacas.
Detalló que en 2021 se logró obtener logró siete mil 320 reportes en las que se denunció el delito de extorsión, por lo que se logró confiscar cuentas por el orden de los dos mil 500 millones de pesos, por ello, insistió, que este número será una herramienta eficaz para poder hacer frente a estos delitos, por lo que pidió a la población en la entidad hacer uso de ella, pues funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, pues la falta de denuncia se ha convertido en un “freno” para que los delitos queden impunes.
Acompañada por Ángel Pedraza López secretario adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Homero Tapia Pérez analista en la prevención del delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que su gobierno está comprometido para que al momento de recibir una denuncia, las corporaciones reacciones con mayor rapidez, además de que se contará con mayor información e inteligencia.
En su participación el secretario adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública añadió que el número de denuncia reaccionar de manera eficaz ante la comisión de delitos; ejemplificó que el en el país se ha observado un reducción superior al 35 por ciento de secuestros.
Destacó que los números reflejan que en Tlaxcala se ha disminuido en un 37.5 por ciento la incidencia delictiva, al tiempo que indicó que los principales retos es cumplir con la certificación de los elementos de seguridad en los municipios, la mejora salarial y equipamiento.
Subrayó que el estado de fuerza de Tlaxcala es de tres mil 342 elementos de los cuales la mayoría está debidamente certificada, por lo que el reto será llegar a 2.8 policías por cada mil habitantes, para ello se deberá contratar 418 policías más.
Añadió que este tema debe fortalecerse en los 60 municipios del estado, pues en los municipios de Nativitas, Tenancingo, Emiliano Zapata y San Lucas Tecopilco no tienen policías registrados en el listado del estado de fuerza del Secretario Ejecutivo.
En su oportunidad, Homero Tapia Pérez analista en la prevención del delito de la ONU apuntó que este relanzamiento deberá estandarizarse los protocolos de atención a través de un manual de operaciones y un catálogo único de delitos a nivel nacional.
Por su parte, el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Maximino Hernández Pulido detalló que en los últimos cinco años en Tlaxcala, a través del 089 se recibieron 12 mil 3245 llamadas para denunciar algún delito.
Tan solo en 2021, de 22 mil 885 llamadas que se recibieron, fueron confirmadas tres mil 761, de las cuales el 60 por ciento fue para denunciar, extorsión, amenazas y la venta de droga; en un menor porcentaje se encuentra la estafa, el acoso sexual, el delito cibernético, el robo, el delito ambiental, la sustracción o venta de hidrocarburo y otras relacionadas con salud, específicamente por la pandemia de COVID-19 y de trata de personas.
Precisó que lo anterior, permitirá tener a elementos más informados, fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad y fortalecer la judicialización de los delitos, es decir, que se tendrá carpetas de investigación robustas y más fortalecidas.
