Lamenta SPR que gobernadora de Tlaxcala haya decidido arrendar Radio Altiplano al Heraldo

Durante décadas, en nuestro País la consolidación de los medios públicos de radiodifusión ha sido objeto de una intensa lucha que se ha desarrollado tanto en la arena social, como en la política y la jurídica. Una muy superficial victoria en esta causa se dio mediante la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de junio de 2013. No obstante, lo cierto es que la consolidación de una verdadera política de medios públicos sigue siendo un reto pendiente, respecto del que no se debe dejar de exigir una transformación profunda.

A lo largo de los años, tanto en el plano federal como en los estatales, se impulsó la creación de empresas de participación estatal con el objeto de operar frecuencias de radiodifusión de uso comercial pretendiendo obtener utilidades que jamás llegaron y que, por el contrario, demostraron que las instituciones públicas deben priorizar la prestación de servicios públicos bajo una dinámica distinta y ajena a la lógica del mercado.

Un dato irrefutable es que la mayoría de las frecuencias de radiodifusión comerciales operadas por instituciones públicas federales, estatales o municipales, son deficitarias y, por tanto, eso permite concluir que la mejor vía para que estas instituciones presten el servicio de radiodifusión, es a través de frecuencias de uso público, y guiadas por los principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales; todos consagrados en el artículo Décimo Transitorio del Decreto de reforma constitucional de junio de 2013.

Por todo lo anterior, el SPR, en ejercicio de su atribución de colaborar y coadyuvar en el desarrollo de las actividades realizadas por los medios públicos de radiodifusión estatales y municipales, prevista en el artículo 11, fracción II de su ley de creación, y con total respeto de la libertad y soberanía del Estado de Tlaxcala, lamenta el que el Gobierno de dicha entidad federativa, por conducto de la empresa de participación estatal Radio Altiplano FM, S.A. de C.V., con el aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones, haya decidido otorgar en arrendamiento la frecuencia XHTLAX-FM, 96.5 FM, con cobertura en la ciudad de Tlaxcala y sus zonas aledañas, a la empresa GA Radiocomunicaciones, S.A. de C.V., que forma parte del grupo mediático El Heraldo.

De las múltiples acciones que el Gobierno del Estado de Tlaxcala pudo haber implementado para la reconducción administrativa y financiera de la concesión, el dejarla en manos de una sociedad mercantil es, sin duda, la más alejada al interés colectivo. Desde luego, no se cuestiona la legalidad de esta acción, sino su sentido ético. Lamentablemente, quien resultará más afectada por esta lamentable decisión, será la leal audiencia de Radio Altiplano, cuya opinión no fue tomada en cuenta.

En tiempos de transformación, recordemos la máxima que debe guiar las decisiones públicas: con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

#UnidosPorLasAudiencias.