El panorama que dejó su administración es desolador:
Desaparición de 10 vehículos oficiales, incluyendo patrullas y camiones de recolección de basura. 98 computadoras y 507 bienes de oficina «robados», sin rastro de su destino. 7 obras pagadas pero inexistentes, incluyendo la construcción de una techumbre que simplemente nunca se hizo.
18 obras con graves deficiencias constructivas que comprometen la seguridad de la infraestructura municipal. Una deuda de 5.8 millones de pesos por un contrato incumplido de luminarias.
Cuentas por cobrar de más de 8.6 millones de pesos, entre préstamos personales y anticipos no justificados. Deuda de 4.1 millones de pesos con Hacienda, por no pagar el ISR de 2023 y 2024.
Lo que Pluma Meléndez hizo en Tlaltelulco no fue gobernar, sino abusar.
El desafío de la justicia
Hasta ahora, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) han sido demasiado lentos en actuar contra exalcaldes abusivos. A pesar de que hace más de un año se castigó al exedil de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, quien recibió una sentencia de seis meses y tuvo que devolver parte del dinero malversado, ningún otro presidente municipal ha sido llevado ante la justicia.
¿Por qué tanta tolerancia? La respuesta parece ser política. Mientras Pluma Meléndez y otros exalcaldes han logrado mantenerse en la sombra, su descaro y violencia han puesto nuevamente la discusión sobre la mesa.
Las denuncias contra él ya fueron presentadas, y ahora la fiscalía tiene en sus manos la decisión de continuar con la impunidad o demostrar que la justicia en Tlaxcala no solo es para los enemigos del poder, sino para todos aquellos que abusan del cargo.
Los próximos días serán clave. Si el gobierno estatal y la FGJE no actúan con firmeza contra Marco Antonio Pluma Meléndez, enviarán un mensaje claro: saquear y gobernar con violencia en Tlaxcala sigue siendo un negocio sin consecuencias.
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TODOS A BORDO…La reciente aprobación de la lista de aspirantes a jueces y magistrados en Tlaxcala ha desatado críticas por la marcada presencia de familiares y allegados de funcionarios estatales, lo que pone en duda la transparencia y el mérito en el proceso de selección.
La inclusión de perfiles vinculados a figuras políticas y de poder, como el exchofer de la gobernadora Lorena Cuéllar y familiares directos de exgobernadores, fiscales y alcaldes, refuerza la percepción de que las designaciones responden más a intereses políticos que a una evaluación basada en capacidad y experiencia.
Este tipo de decisiones mina la confianza en el sistema judicial del estado y genera preocupaciones sobre su independencia. Además, la exclusión del exprocurador de Justicia, José Antonio Aquiahual Sánchez, agrega más interrogantes sobre los criterios utilizados en la selección.
Si NO SE garantiza un proceso equitativo y fundamentado en la idoneidad de los candidatos, se corre el riesgo de perpetuar una estructura judicial sometida a influencias políticas en lugar de una justicia imparcial y profesional.
