Hasta el momento la funcionaria no ha emitido alguna postura sobre el tema.
JeserH MEJÍA/La apropiación indebida de contenidos informativos por parte de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión del Estado (CORACYT) que dirige Angélica Domínguez ha desatado una ola de indignación entre comunicadores, medios independientes y organizaciones gremiales, quienes acusan a la dependencia estatal de plagio institucional.
La denuncia fue encabezada por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), que expresó su “más enérgico rechazo” a la conducta de CORACYT, señalando que la reutilización de material informativo sin autorización ni crédito constituye “un agravio profundo al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión”.
En un pronunciamiento firmado por el presidente de la UPET, Martín Rodríguez Hernández, la organización advirtió que este acto vulnera no solo la ética profesional, sino también los derechos de autor, con implicaciones legales en los ámbitos civil, administrativo y penal.
La exigencia es clara: que la titular de CORACYT, Angélica Domínguez Hernández, emita una disculpa pública, retire el contenido indebidamente apropiado y garantice que no se repita una práctica que calificaron como “plagio institucional”.
“La omisión de estas acciones equivaldría a legitimar el robo del trabajo informativo, deteriorando aún más la confianza ciudadana en los medios públicos”, advierte la UPET. La organización también pidió auditorías independientes y reformas legales que protejan con mayor rigor a quienes ejercen el periodismo libre en el estado.
A este posicionamiento se sumó la Confederación de Periodistas y Reporteros de México A.C. (COPREMAC), que un comunicado firmado por su presidente, Virgilio Osorio Nava, la confederación condenó lo que denominó actos de “chacaleo desde el poder”.
“El uso de información sin otorgar créditos a quienes están en campo, como en el caso del medio Pincel de Luz, es una muestra clara de falta de profesionalismo y respeto por la labor periodística”, declaró COPREMAC, que también advirtió que se reserva el derecho de acudir ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Ambas organizaciones coincidieron en que el papel de las instituciones públicas, especialmente las encargadas de los medios de comunicación, debe estar regido por la transparencia, el respeto a la propiedad intelectual y la ética profesional.
Por ahora, periodistas de todo el estado se mantienen en alerta, a la espera de una rectificación pública por parte de la Coordinación de Radio y Televisión, y con la determinación de llevar este caso a instancias legales si no hay una reparación inmediata del daño.
