Fabiola MÁRQUEZ/ Edgar GARCÍA/ Pese a la polémica que ha generado la adquisición de diez camionetas blindadas por parte del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que el uso de estos vehículos está permitido, siempre que esté plenamente justificado por razones de seguridad.
Sin meterse a fondo y desconociendo el contexto de la compra, Alcalde Luján subrayó que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y señaló que la compra de unidades blindadas debe responder a necesidades reales de protección, no a excesos ni caprichos personales.
“Nosotros hemos determinado en Morena que, cuando hay unidades blindadas, su adquisición debe tener una justificación por temas de seguridad. No está prohibido que los funcionarios, en este caso la gobernadora, se trasladen en vehículos de este tipo, siempre que esté sustentado en una necesidad de protección”, expresó.
Defendió que este tipo de decisiones no contravienen los principios de Morena, siempre que exista una justificación sólida en materia de seguridad, situación que no ha explicado la administración de Cuéllar. “Estas compras deben estar plenamente justificadas por razones de seguridad y no obedecer a caprichos o excesos”.
Cabe recordar que hace meses, el Consejo Nacional de Morena dictó una serie de lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas y protagonistas del cambio verdadero, así como militantes de Morena.
Entre ellos, uno de los que más llamó la atención es la prohibición de utilizar vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo, salvo cuando existan razones de seguridad que lo justifiquen.
En Tlaxcala, desde que se hizo pública la adquisición de las 10 blindadas, no ha habido información oficial.
La administración estatal, bajo las siglas de Morena, reservó hasta 2030 los contratos y facturas sobre las camionetas, y eso le ha generado una severa crisis de reputación pública.
La adquisición de las camionetas blindadas fue por contrato directo, pues no hubo licitación de por medio.
En abril de 2025, solo a través de una solicitud de información, la Oficialía Mayor confirmó que el gobierno de Tlaxcala, que preside la morenista Lorena Cuéllar, adquirió diez camionetas blindadas en 2024, sin un proceso de licitación, pues fue una compra directa por 56 millones 259 mil pesos, informó el portal de noticias MTP Noticias.
Las 10 camionetas son modelo Chevrolet Suburban High Country. Esta adquisición directa quedó asentada con el número GET-OMG-ADX-073-2024 y favoreció a la empresa Epel, S.A. de C.V., que tiene su matriz en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Según las características de estas unidades, son camionetas V8 con transmisión automática de 10 velocidades, con tracción 4×4 y sistema de remolque.
En los documentos entregados a MTP Noticias, el gobierno tlaxcalteca asegura que todas las camionetas blindadas fueron asignadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala.
Cabe recordar que el secretario de Seguridad Ciudadana, en entrevista con este portal, aceptó que sí se había hecho la adquisición de las unidades blindadas, pero dijo desconocer más datos, aunque justificó la inversión por protocolos de seguridad y porque la propia gobernadora y mandos de seguridad de Tlaxcala no estaban exentos de sufrir un atentado.
LA POLÉMICA…
En una sesión de la Comisión Anticorrupción del Senado, fue rechazada una propuesta de exhorto que solicitaba al gobierno del estado transparentar la adquisición de camionetas blindadas por un monto de 56 millones de pesos. La iniciativa, que buscaba esclarecer el destino de los recursos públicos, fue desechada con el voto en contra de las y los legisladores de Morena.
La propuesta de la senadora priista Anabell Ávalos pretendía obtener explicaciones claras sobre la compra de los vehículos en un contexto marcado por carencias en sectores prioritarios como salud, seguridad pública y, recientemente, la atención de incendios forestales como el ocurrido en Altzayanca, considerado uno de los más graves en la historia reciente del estado.
La legisladora promovente calificó como «indignante» la decisión de frenar un acto de transparencia y rendición de cuentas, señalando que “mientras la ciudadanía enfrenta contingencias y necesidades urgentes, el gobierno prefiere blindarse y guardar silencio”.
Criticó además la incongruencia del discurso de austeridad republicana promovido por Morena, al considerar que “cuando se trata de sus gobiernos, optan por el encubrimiento y la complicidad”.
Finalmente, advirtió que se continuará alzando la voz ante lo que calificó como un uso discrecional de los recursos públicos, exigiendo que el gobierno estatal responda ante la ciudadanía.
