En política, a veces el ruido más ensordecedor no lo hacen las declaraciones estridentes, sino el silencio calculado. Ese silencio que se instala como un muro entre la urgencia ciudadana y la responsabilidad institucional. Hoy, en Tlaxcala, ese muro tiene nombre propio: la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Hace días, el Senado de la República —la cámara alta de este país— aprobó un exhorto urgente dirigido al gobierno tlaxcalteca. No fue una ocurrencia menor. Lo presentó una de sus propias senadoras, la priísta Anabell Ávalos Zempoalteca, respaldada por datos contundentes del INEGI que pintan un panorama desolador: el 63% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad; esa percepción aumentó un 16% en un solo año; casi la mitad ha presenciado robos; cuatro de cada diez han visto venta de drogas; y el 34.8% escucha disparos con frecuencia cerca de su casa.
Las cifras no son frías. Detrás de cada porcentaje hay familias que han modificado su vida por miedo, que ya no salen de noche, que visitan menos a sus seres queridos. Como bien lo expresó la senadora Ávalos, en Tlaxcala se ha encendido un “grito desesperado”. Un grito que, según relató en el último episodio del podcast Bestial, encontró eco incluso en un Senado fragmentado, logrando el respaldo inusual de Morena, PT, Verde, PAN y su propio partido. Algo, efectivamente, pasó ahí arriba.
Pero aquí abajo, en la geografía concreta de Tlaxcala, ese algo se ha topado con la nada. El silencio de la respuesta oficial es tan absoluto que ofende, se lo digo así, sin maquillaje y sin retoques. Ya inició el 2026, han pasado días y ni un boletín, ni una postura, ni un “lo estamos revisando, lo checamos”, ni un “tomamos nota”. Nada. Como si un exhorto del Senado —una llamada de atención formal del máximo órgano legislativo del país— fuera un papel que el viento se llevó.
La pregunta es inevitable: ¿qué clase de gobernanza es esta que no solo no previene la crisis, sino que ignora hasta los llamados formales a actuar?
La ex aspirante a la gubernatura de Tlaxcala, en la entrevista, deja caer una reflexión reveladora: “Cada quien que asuma las responsabilidades de sus actos en la responsabilidad que tiene”. La responsabilidad primera de un gobierno es garantizar la seguridad de sus gobernados. Cuando falla en ello, lo mínimo que se espera es que atienda, escuche y, sobre todo, reaccione ante las alertas que se le encienden, vengan de donde vengan.
El silencio de Palacio de Gobierno envía varios mensajes, todos pésimos: que la angustia ciudadana no merece ni un pronunciamiento; que el diálogo con otros poderes de la Unión es prescindible; que la opacidad es la estrategia preferida (hecho que ya ha sido confirmado en otros eventos importantes acontecidos en la entidad, en los que también han decidido callar o hablar hasta que no tienen de otra) o peor aún, normaliza la idea de que el miedo es un estado natural, una estadística con la que hay que “resignarse”, justo lo que el exhorto intenta combatir.
La gobernadora Cuéllar y su equipo pueden creer que ignorar el exhorto es una maniobra política astuta, que evita darle protagonismo a una senadora de oposición. Se equivocan. Lo que están ignorando es la realidad tangible de las calles de Tlaxcala. Están desoyendo a las mujeres que, con un 68.2% de percepción de inseguridad, son las más vulnerables. Le están dando la espalda a ese padre de familia que modifica su rutina y a ese adulto mayor que se encierra temprano.
Un exhorto del Senado puede no tener fuerza coercitiva, pero tiene una autoridad moral y política inmensa. Despreciarlo no demuestra fortaleza, sino una alarmante desconexión. Mientras el gobierno estatal guarda silencio, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: están solos. Que su “grito desesperado”, canalizado a través de sus representantes federales, no es prioritario.
Tlaxcala no necesita más silencio. Necesita acciones concretas, planes integrales, policías mejor pagados y capacitados, inteligencia operativa y, sobre todo, voluntad política. El primer paso para demostrar esa voluntad sería, precisamente, romper este mutismo. Reconocer el exhorto, convocar a los especialistas, sentar a la sociedad civil y trazar, por fin, una ruta clara para recuperar la paz.
El tiempo corre. Y cada día de silencio oficial no hace sino confirmar las peores percepciones: que para esta administración, la seguridad de los tlaxcaltecas no es una urgencia, sino un tema secundario, digno solo del más absoluto de los olvidos. Ojalá se equivoquen. Ojalá este silencio sea solo el preludio de una acción contundente. Pero mientras tanto, el mensaje que prevalece es uno de abandono. Y en materia de seguridad, el abandono es el caldo de cultivo perfecto para el miedo y la desesperanza.
