Mariana LOVERA// Un nombramiento en la cúpula de seguridad de Orizaba en Veracruz ha encendido las alarmas sobre la idoneidad de las autoridades para ocupar cargos públicos. Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, asume la dirección de Seguridad Pública Municipal bajo la sombra de una orden de aprehensión federal vigente por el delito de desaparición forzada, de la cual es prófugo desde 2021.
Álvarez Valenzuela es investigado por su presunta participación en un caso de desaparición forzada que data de 2014, cuando se desempañaba como jefe de la Policía de Acapulco, Guerrero. A esta acusación se suman denuncias por acoso sexual durante su trayectoria en instancias federales. Pese a este expediente, en 2021 fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, cargo del que huyó en noviembre de ese mismo año al evadir, en sus propias oficinas, a agentes federales que intentaban detenerlo.
Su fuga no fue un incidente aislado. Reportes de inteligencia de enero de 2025 confirmaron que fue localizado en Tlaxcala, pero volvió a escapar, demostrando una capacidad reiterada para eludir a las autoridades. Este historial de evasión contrasta con su nueva designación en Orizaba, realizada por el alcalde priista Hugo Chahín Kuri durante los primeros días de su administración (2026-2029).
El caso refleja un preocupante patrón en la región. Anteriores directores de seguridad en Orizaba, como Alfonso Zenteno Pérez, también han enfrentado señalamientos por desaparición forzada y abuso sexual, lo que sugiere una normalización de perfiles cuestionables en puestos clave para la protección ciudadana.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Orizaba se ha negado a aclarar si el alcalde conocía el estatus jurídico de Álvarez Valenzuela al designarlo, o si este sometió los exámenes de control y confianza exigidos por la ley para un cargo de tal sensibilidad. La ausencia de transparencia en el proceso de selección genera dudas sobre la legitimidad de su nombramiento y prioriza intereses políticos sobre la seguridad de la población.
