Mariana LOVERA // Aunque en Tlaxcala se han registrado avances en materia de inclusión y derechos humanos, todavía existen retos importantes por atender, reconoció Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
En entrevista, la ombudsperson estatal señaló que, si bien existe una ley que obliga a las instituciones públicas a incluir laboralmente a personas con discapacidad, esta disposición aún no se cumple de manera generalizada. Explicó que algunas dependencias han mostrado apertura y han generado condiciones de accesibilidad, pero en otras persisten limitaciones, tanto por falta de infraestructura adecuada como por prejuicios sociales.
Ordóñez Brasdefer subrayó que las principales barreras no son las personas con discapacidad, sino las ideas erróneas que aún predominan en la sociedad y en las instituciones. “Las barreras las ponemos quienes no vivimos con discapacidad, al asumir que las personas no pueden”, expresó, al tiempo que destacó la necesidad de eliminar estos obstáculos desde un enfoque de derechos humanos.
Indicó que la Comisión trabaja en la observancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica evaluaciones anuales sobre normatividad, accesibilidad e inclusión laboral, cuyos resultados se remiten al mecanismo nacional encabezado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En otro tema, la presidenta de la CEDH explicó que desde 2021 se emitió una recomendación general relacionada con la falta de comunicación y coordinación entre autoridades en materia de seguridad, particularmente ante los intentos de linchamiento registrados en el estado.
Derivado de ello, el protocolo anterior fue derogado y se emitió uno nuevo, con un enfoque integral y preventivo, en el que la Comisión puede intervenir cuando es requerida. No obstante, reconoció que, aunque ha habido avances en la coordinación entre autoridades, el trabajo aún es insuficiente y debe reforzarse la labor con la sociedad para recuperar la confianza en las instituciones.
Respecto a las condiciones en los centros de detención preventiva municipal, Ordóñez Brasdefer recordó que se realizaron visitas de supervisión basadas en reglas mínimas de la ONU. En dichas evaluaciones se detectaron deficiencias en capacitación, espacios dignos, atención médica y alimentación.
Señaló que, tras una nueva revisión realizada en 2025, se observaron mejoras en la mayoría de los municipios, a pesar de los cambios de administración. Sin embargo, tres ayuntamientos continúan en rangos de atención prioritaria por incumplimientos graves.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a consultar el informe general y su resumen ejecutivo, donde se detalla qué municipios han cumplido, cuáles deben consolidar avances y cuáles requieren reforzar de manera urgente las condiciones de detención digna, reiterando que el respeto a los derechos humanos debe ser permanente y no temporal.
