Tras el rechazo del Congreso local a citar a secretarios y al fiscal, cuatro legisladoras confrontan lo que califican como un «cierre a la vigilancia democrática» y reclaman acciones urgentes frente a la violencia.
Mariana LOVERA// En una sesión marcada por la controversia, cuatro diputadas de oposición tomaron la tribuna del Congreso del Estado para expresar su rechazo a la decisión mayoritaria de no aprobar las comparecencias de secretarios de estado y la fiscal general. Las legisladoras, provenientes del PAN, PRI, PRD y una independiente, coincidieron en que la medida atenta contra el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, especialmente en un contexto de creciente inseguridad que azota a la entidad.
Con firmeza, la diputada Miriam Martínez Sánchez (PAN) defendió el deber constitucional de vigilancia y exigencia de resultados. «La ciudadanía tiene derecho a escuchar y conocer lo que se está haciendo, especialmente en el tema que más preocupa a Tlaxcala: la inseguridad», declaró. Su voto en contra, dijo, fue un acto de respeto a la legalidad, a la soberanía del Congreso y, sobre todo, a los tlaxcaltecas que demandan seguridad y verdad.
Desde la bancada independiente, Blanca Águila Lima hizo un llamado a centrar el diálogo en el bienestar de la población, alejándolo de «efervescencias políticas». Alertó que la inseguridad en el estado «ya no puede minimizarse», recordando casos atroces que exigen ser atendidos con seriedad y coordinación entre todos los niveles de gobierno.
La diputada Sandy Aguilar (PRI) se refirió directamente a los violentos acontecimientos registrados al inicio del año, subrayando que «no pueden ni deben minimizarse». «La inseguridad no admite indiferencia ni omisiones», exigió, demandando respuestas firmes y coordinadas para proteger a las familias y garantizar la paz.
Laura Flores Lozano (PRD) criticó que el Congreso «se equivoca cuando cierra la puerta a la rendición de cuentas». Enfatizó que comparecer no es un castigo, sino un deber democrático inherente al servicio público. «A ningún servidor público que actúe con transparencia y seguridad debería incomodarle rendir cuentas», puntualizó, «porque gobernar es servir».
La negativa- por segundo año consecutivo- a citar a los funcionarios se da en medio de un repunte de violencia en Tlaxcala, que ha generado alarma social.
Las diputadas opositoras señalaron que esta decisión debilita la función de control legislativo y deja sin respuesta las demandas ciudadanas de transparencia y acción frente a la delincuencia.
El debate ha reavivado la discusión sobre los mecanismos de rendición de cuentas y la capacidad del Congreso para ejercer un contrapeso real frente al Ejecutivo estatal.
