ARTICLE 19 México y Centroamérica y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), condenan la retención vivida por Alberto Amaro Jordán, director de La Prensa de Tlaxcala, al interior del Centro de Justicia Federal, con sede en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala.
El día 11 de febrero de 2025, el periodista acudió ante esa instancia del Poder Judicial, ya que tenía programada una audiencia, a las 15:15 horas. Según el relato del periodista a estas organizaciones, él realizó su registro a las 14:50 horas. Al ingresar le fue asignado un sticker impreso con número de identificación con su nombre completo, la fecha y el número de causa penal, en donde tiene el carácter de víctima.
El periodista escuchó unas órdenes en radio “al de la audiencia […] lo llevaran al primer piso”. Personal de Seguridad le retiró su teléfono, le condujo al primer piso y le ingresó a un salón que únicamente contaba con sillas negras:
“Permanecí ahí varios minutos. Posteriormente salí y observé que una persona de seguridad resguardaba el lugar. Le pregunté si ya había iniciado mi audiencia y me respondió que no, y me dijo que no podía moverme de ese lugar. Solicité permiso para acudir al sanitario; regresé al sitio donde me indicaron que debía permanecer. Tras varios minutos más, nuevamente pregunté al elemento de seguridad si ya había comenzado la audiencia y por qué me mantenían en ese lugar, a lo que respondió que eran las instrucciones de sus superiores.”
Aunque el periodista le fue permitido salir al baño y por un medicamento debido al tiempo de espera, no se le informó sobre la audiencia en cuestión y en múltiples ocasiones solicitó información sobre su caso, pero le fue negada, y sólo se le respondió que “debía esperar”.
Tras casi dos horas y media de tiempo transcurrido, el periodista volvió a salir del espacio designado y vió a su asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Se acercó a ella, y le explicó al periodista que la audiencia había iniciado con retraso, pero que ésta “no se pudo llevar a cabo debido a mi ausencia.”
Esta retención e incomunicación padecida por el periodista, se da en un contexto de agresiones directas cometidas por policías, tanto estatales como municipales, quienes han realizado detenciones arbitrarias, amenazas, sospechas de vigilancia, divulgación de sus datos personales y la destrucción de su equipo de trabajo, en contra de Alberto Amaro en los últimos años, por lo que el periodista, ha acudido a las instancias correspondientes a denunciar.
Es de extrema preocupación que las instancias, como lo es el Poder Judicial de la Federación, en vez de garantizar los derechos del periodista hayan obstaculizado un proceso en donde se busca resarcir el daño de una violación a los derechos humanos. Además dichos tratamientos conllevan un proceso de revictimización del periodista, quien, a raíz de una serie de hechos violentos padece de severas afectaciones a su salud psicoemocional.
“Solicité una explicación al personal de seguridad y pedí hablar con el Jefe de Seguridad. Observé que de una oficina con el letrero “Jefe de Seguridad” salió la señora Victoria Sánchez Ortega, ex integrante del Servicio de Protección Federal. En ese momento pedí que me devolvieran mis pertenencias, ya que me habían mantenido incomunicado. Saqué mi teléfono celular y comencé a grabar.
La señora Victoria Sánchez Ortega solicitó la presencia de al menos cuatro elementos de seguridad adicionales, quienes adoptaron una actitud intimidatoria hacia mi persona. Exigí una explicación de lo sucedido; sin embargo, nadie me la proporcionó. Posteriormente salió la asistente de sala, quien manifestó que nunca tuvieron conocimiento de que yo me encontraba en el edificio del Consejo de la Judicatura Federal.”
El testimonio del periodista dado a las organizaciones detalla una retención, incomunicación y custodia no autorizada por una autoridad judicial competente, provocando violaciones graves a los derechos de movimiento, de debido proceso y de acceso a la justicia del periodista.
ARTICLE 19 y el CPJ condenan los hechos aquí descritos y:
Exigimos una explicación inmediata por las vulneraciones ocurridas contra el periodista Alberto Amaro Jordan.
Llamamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a comunicarse con el periodista, e iniciar una queja a investigación por los hechos aquí ocurridos.
Exigimos al Centro de Justicia Federal, con sede en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, a iniciar una investigación interna por los hechos ocurridos.
Exigimos que las autoridades, tanto la federal como la estatal de Tlaxcala, se abstengan de acciones que resulten en la revictimización del periodista Alberto Amaro Jordán.
Con información de ARTICLE 19
Foto: Amnesty International/Carlos Mendoza