En el desarrollo de la vigésima tercera Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Maribel Cervantes Hernández, presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Ley para crear la Ley de Responsabilidad Vial y Protección contra Daños por Infraestructura Pública del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de establecer mecanismos que garanticen la reparación de daños ocasionados a ciudadanos por el mal estado de las vialidades.
Durante la exposición de motivos, Cervantes Hernández señaló que la infraestructura vial es un elemento fundamental para la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico y social de la entidad. Sin embargo, advirtió que el deterioro de calles, avenidas y caminos representa un factor de riesgo que puede provocar accidentes de tránsito y afectar la economía de las familias, especialmente cuando los vehículos constituyen herramientas de trabajo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron aproximadamente mil 805 accidentes de tránsito en Tlaxcala, en los que participaron más de tres mil 200 vehículos. La iniciativa también destaca que las motocicletas se encuentran entre los vehículos con mayor participación en este tipo de siniestros, lo que incrementa la vulnerabilidad de los conductores ante condiciones deficientes de la infraestructura vial.
Ante este panorama, la propuesta legislativa plantea establecer la responsabilidad patrimonial del Estado y de los municipios cuando los daños a vehículos o personas sean consecuencia del mal estado de la infraestructura vial, como baches, pavimento deteriorado o falta de señalización.
Entre sus principales disposiciones, la iniciativa propone la creación de un sistema estatal de reporte ciudadano de infraestructura vial, así como la obligación de que el Estado y los municipios cuenten con un seguro o fondo para cubrir indemnizaciones por daños ocasionados por la infraestructura vial. La propuesta también contempla sanciones para autoridades que incumplan con las obligaciones de mantenimiento o reparación de vialidades, así como medidas para prevenir reclamaciones indebidas mediante mecanismos de verificación de la información presentada por los solicitantes.
Tras su presentación, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Movilidad, Comunicaciones y Transporte y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.