Mariana LOVERA | La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) incurrió en omisiones para garantizar el funcionamiento efectivo de la Defensoría Pública para la Atención y Protección de los Derechos Político-Electorales del Estado, además de vulnerar el derecho de petición de una ciudadana indígena náhuatl.
Por unanimidad, las magistraturas de la Sala Superior resolvieron el juicio SUP-JDC-449/2026 y ordenaron al órgano jurisdiccional tlaxcalteca adoptar las medidas necesarias para avanzar de manera efectiva en la operación de esta Defensoría, incorporada formalmente a su estructura desde una reforma publicada en noviembre de 2024.
El caso surgió luego de que una ciudadana que se autoadscribe como indígena náhuatl solicitó al TET información sobre las acciones emprendidas para crear e instalar dicho organismo, cuya función es ofrecer gratuitamente orientación, asesoría y representación jurídica en materia político-electoral a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
El Tribunal local respondió mediante un acuerdo del 29 de abril, en el que argumentó que había realizado gestiones presupuestarias, pero señaló que no disponía de una partida específica ni de suficiencia presupuestal para asumir los compromisos de operación de la Defensoría.
Sin embargo, el TEPJF concluyó que también se vulneró el derecho de petición de la promovente, pues la respuesta únicamente fue notificada mediante estrados, a pesar de que la ciudadana había proporcionado domicilio y correo electrónico para recibir comunicaciones. La Sala Superior estableció que no basta con emitir una contestación, sino que debe garantizarse que la persona solicitante tenga conocimiento efectivo de ella.
Respecto de la Defensoría, la autoridad federal señaló que el TET acreditó algunas gestiones, pero no demostró que estuvieran encaminadas a obtener los recursos necesarios para su funcionamiento, emitir los lineamientos correspondientes o adoptar las medidas indispensables para garantizar sus servicios.
La reforma que dio origen a este organismo estableció obligaciones específicas para el Tribunal Electoral de Tlaxcala, entre ellas realizar los ajustes presupuestarios necesarios y emitir los lineamientos que regularían su funcionamiento.
Ante estas omisiones, la Sala Superior ordenó al TET notificar personalmente a la ciudadana y tomar medidas, dentro de su autonomía administrativa y presupuestaria, para concretar la implementación de la Defensoría.
Además, tendrá un plazo de 90 días para emitir los lineamientos que regulen su funcionamiento y deberá informar al TEPJF sobre las acciones realizadas para cumplir la sentencia.