Demian Márquez // La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del municipio de Contla de Juan Cuamatzi en la Controversia Constitucional 245/2025, al determinar que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala excedió sus atribuciones al revisar recursos federales incluidos en la cuenta pública de 2024.
Dicha decisión, obligará al Congreso local a ajustar la revisión conforme a los límites establecidos por el máximo tribunal.
Bajo el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Corte estableció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia competente para fiscalizar los recursos de origen federal, entre ellos las aportaciones destinadas a infraestructura y fortalecimiento municipal, así como las participaciones federales, en los términos definidos por la resolución.
El conflicto surgió luego de que el OFS realizara una auditoría a la cuenta pública de Contla y el Congreso aprobara los dictámenes correspondientes.
El ayuntamiento recurrió a la vía constitucional al considerar que las autoridades estatales habían intervenido en la revisión de fondos cuya fiscalización corresponde al ámbito federal.
La SCJN invalidó el informe de fiscalización y los acuerdos legislativos únicamente en la parte relacionada con los recursos federales.
Por tanto, la resolución no anula toda la revisión de la cuenta pública ni elimina las facultades del órgano estatal para fiscalizar los recursos que se encuentran dentro de su competencia.
El exalcalde Eddy Roldán sostuvo que las resoluciones judiciales y las auditorías federales respaldan la defensa del manejo presupuestal del municipio.
Según lo expuesto por el expresidente municipal, la controversia también está relacionada con observaciones por 8.3 millones de pesos formuladas en revisiones de distintas administraciones, mientras que la ASF revisó recursos ejercidos en 2023 y 2024 sin emitir observaciones.
La fiscalización federal en Tlaxcala se amplió durante los últimos años, en 2023, la ASF incluyó a 10 municipios en auditorías conocidas como “colmena”; para el ejercicio fiscal 2024, programó revisiones en los 60 ayuntamientos de la entidad, con el objetivo de supervisar el uso de los recursos públicos.
El criterio de la Corte también establece que la intervención de los órganos estatales en la revisión de participaciones federales debe sujetarse a los convenios de coordinación y colaboración correspondientes.
Asimismo, se mantienen las facultades del OFS para investigar y promover acciones dentro de sus atribuciones legales.
Con la publicación del criterio el pasado 16 de octubre, que adquirió carácter obligatorio este 19 de octubre, el caso de Contla trasciende el ámbito municipal y fija un parámetro para futuras revisiones de cuentas públicas.
La sentencia obliga a distinguir entre los recursos federales y aquellos que sí pueden ser fiscalizados por las autoridades estatales.