*La empresa afirma que la resolución sobre el amparo les favorece y que su defensa continúa, contradiciendo la versión oficial que anuncia la apertura del corredor Apizaco-Tlaxcala a la competencia.
Mariana LOVERA // En un giro de interpretaciones diametralmente opuestas, el fallo judicial sobre la ruta de transporte Tlaxcala-Apizaco ha generado dos realidades paralelas. Por un lado, el Gobierno del Estado de Tlaxcala celebra el fin del monopolio histórico de Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH). Por el otro, la empresa concesionaria no solo rechaza que haya perdido el amparo, sino que anuncia la compra de nuevas unidades para mantener el servicio, asegurando que la resolución judicial la protege.
El pasado 4 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Apizaco sobreseyó el amparo indirecto 1371/2024, promovido por ATAH contra la «Declaratoria de Existencia de Necesidad Pública» emitida por la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Para las autoridades estatales, esta resolución, al desestimar el recurso por improcedente, despeja el camino para regular un corredor donde por más de 30 años documentaron irregularidades: unidades sin placas, uso ilegal de combustibles, operadores sin licencia y una presunta complacencia de gobiernos anteriores. El plan es otorgar 60 nuevas concesiones a tres empresas, rompiendo el monopolio.
Sin embargo, en un comunicado dirigido a sus usuarios, ATAH presentó una lectura contraria. La empresa argumenta que el juzgado determinó que la Declaratoria estatal «ha dejado de surtir efectos» y que sus actos «han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional». Interpretan que esto significa que las cosas deben volver al estado anterior a la emisión del decreto, «como si se hubiera otorgado el amparo». «Quedan intactos los derechos de ATAH», afirma el consorcio, acusando a algunos medios de divulgar falsamente su derrota.
Mientras el gobierno estatal enfatiza el «problema de fondo» y la «omisión institucional» que permitió el monopolio, señalando que ningún exfuncionario ha sido investigado, ATAH proyecta normalidad y mejora. Anunció la «adquisición de nuevas unidades para otorgar un servicio de calidad» en el tramo Apizaco-Tlaxcala, asegurando que su defensa legal continúa y que aún puede impugnar la resolución mediante un recurso de revisión.
El caso, por tanto, está lejos de cerrarse. Mientras las autoridades preparan la licitación para las nuevas concesiones, confiando en el fallo judicial, ATAH se atrinchera en su interpretación y anuncia inversiones, planteando un escenario de incertidumbre sobre quién tendrá el control efectivo de una de las rutas más rentables de Tlaxcala. La disputa, más allá de lo legal, evidencia la profunda fractura entre un modelo de transporte histórico y la nueva política de regulación estatal.